Guanajuato.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés a Morena y al Partido del Trabajo al declarar infundada la acción de inconstitucionalidad que promovieron contra el decreto que autoriza a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a contratar deuda pública por hasta 4 mil millones de pesos para proyectos de inversión pública productiva.
El Pleno del máximo tribunal aprobó por unanimidad y sin discusión el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, con el que se reconoció la validez de las disposiciones impugnadas y, en consecuencia, del decreto avalado previamente por el Congreso del Estado.
Como parte del análisis, la Corte concluyó que la facultad otorgada a la titular del Poder Ejecutivo estatal para realizar movimientos compensados entre los programas autorizados no constituye una autorización abierta para modificar el destino del financiamiento.
Los ministros determinaron que esa atribución únicamente permite redistribuir recursos entre programas previamente aprobados por el Congreso local, sin incrementar el monto total de la deuda autorizada ni alterar el objetivo de inversión pública productiva para el que fueron destinados los recursos.
Con esta resolución, la SCJN confirmó la constitucionalidad del decreto y dejó firme la autorización para que el Gobierno de Guanajuato pueda contratar el financiamiento aprobado para el presente ejercicio fiscal.
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