Guanajuato.- El Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación para verificar el desempeño laboral y la adscripción de Rafael Prieto Zavala, quien está dado de alta como asistente de la diputada Sandra Pedroza y gana 36 mil pesos sin presentarse al Congreso. En la pasada legislatura cobraba como asistente de la hoy dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha.
Alejandro Kornhauser Obregón, contralor del Congreso local, explicó el alcance de las indagatorias y el estatus del trabajador dentro de los registros de la institución.
“Nosotros ya instruimos para que se abriera una carpeta de investigación para verificar cuál es la situación de esta persona y pues ver cómo es que está trabajando y cómo es que está reportando su trabajo”, dijo el contralor.
Dio a conocer que en el registro Rafael Prieto está dado de alta en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, “es algo usual, eventualmente, que pueda estar comisionado a la casa de gestión de alguno de los diputados, y eso es lo que tendremos que ir verificando”.
Respecto a los antecedentes laborales del asesor en la legislatura previa, el titular de la Contraloría confirmó su permanencia previa dentro del personal adscrito.
“Uno de los primeros temas que revisamos es que, efectivamente, esta persona trabajó en la legislatura pasada… estaba adscrito para la diputada Yulma Rocha”.
Kornhauser Obregón precisó los mecanismos mediante los cuales el Órgano Interno de Control realiza las revisiones administrativas a las unidades y casas de gestión parlamentarias, así como el procedimiento de notificación que emplean para dichas supervisiones:
“Ciertamente… están a solicitud de algún grupo parlamentario y trabajan en la casa de gestión, pero bueno, si eventualmente sí… Quien paga es el Congreso, sí”.
Dijo que hay responsabilidad de cada grupo parlamentario que la persona que contrata esté haciendo su trabajo: “Esto no es responsabilidad del Congreso, esto es responsabilidad de cada grupo parlamentario”.
Sostuvo que para darle un orden y para que no hicieran trabajo de oquis se les decidió ir notificando en qué fechas íban a acudir para que estuvieran presentes “y no hubiera de que fuimos a tal comunidad o fuimos a entregar no sé qué apoyo y entonces no pudiéramos realizar nuestro trabajo”
En cuanto a las posibles consecuencias legales derivadas de la investigación en curso, el contralor rehusó calificar la falta antes de concluir las diligencias correspondientes.
“Yo no puedo ni adelantarles elementos ni responsabilidades ni qué tipo de responsabilidad porque eso no es parte de la ética del proceso mismo”, declaró
Indicó que éste caso encuadraría en una responsabilidad administrativa.
Te puede interesar:“Tendríamos que ver en su caso si es grave o no grave y de ahí proceder con la sanción y si nos tocaría a nosotros, dependiendo de la calificación, o como marca la propia ley sea el Tribunal quien determine la sanción respectiva”, finalizó.
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