Guanajuato.- Un total de 21 municipios de Guanajuato registran incumplimiento en la apertura de oficinas de atención a la diversidad sexual, según informó Ricardo García, subsecretario de la Diversidad Sexual y de Género del estado. Ante este escenario, el funcionario planteó reformas electorales para frenar la simulación de candidaturas en los comicios venideros.
El funcionario estatal explicó que sólo 25 de las 46 alcaldías de Guanajuato acatan la normativa estatal. La omisión abarca a los gobiernos del PAN, Morena, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano.
Ricardo García rechazó la falta de presupuesto como la causa principal del rezago y citó el caso de Salamanca, municipio con solvencia económica donde las autoridades evaden a los activistas. “Me parecería riesgoso sujetarlo a un tema presupuestal, el que por eso no se cumpla. Yo apelará principal e inicialmente a la voluntad política que cuestione prejuicios y el desinterés”, afirmó.
Enfatizó que la ausencia de estas dependencias impacta en la salud mental de la población LGBTIQ+. EY es que, confesó, la ideación y el intento de suicidio registran tasas más elevadas dentro de las disidencias en comparación con la población heterosexual.
En materia política, informó que el área a su cargo mantendrá coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para supervisar la inclusión y detectar discursos de odio o exclusiones, aunque reconoció que no es una facultad que le otorgue la ley. “La Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios que nos rige en primera instancia no nos da atribuciones específicas sobre ningún tema electoral, pero sí, sí sobre temas de política pública… la subsecretaría sí se estará posicionando y sí estará haciendo trabajo sensible en conjunto con el IEEG, reiterando que la ley no nos da atribuciones específicas en temas electorales.
García demandó el fortalecimiento de los mecanismos institucionales contra los fraudes a las cuotas de representación, al enfatizar de manera textual que “las usurpaciones sí se dieron en el proceso electoral 2024”.
Para solucionar esta problemática, la subsecretaría solicitó al Poder Legislativo una revisión integral a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género. El objetivo central es garantizar que la diversidad ocupe espacios reales de decisión popular para legislar con representación efectiva. “Si nosotros no estamos en los espacios de toma de decisión como el Congreso o los ayuntamientos, difícilmente las leyes van a emanar con una perspectiva que realmente nos cuide; ya no estamos para que hablen por nosotros”, sostuvo el funcionario.
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