Guanajuato.- La abogada litigante y activista Dalia Ramírez Delgado reveló que, en Guanajuato, la atención inicial ante la muerte violenta de una mujer enfrenta deficiencias operativas y falta de especialización en el personal ministerial, además de carecer de garantías de protección para los testigos que participan en las investigaciones.

Dijo que, aunque la normativa exige activar de manera inmediata el protocolo correspondiente, en la práctica el procedimiento resulta insuficiente.

"Cuando la autoridad tiene noticias de la muerte de una mujer, inmediatamente tiene que actualizar un protocolo de feminicidio. Aquí en Guanajuato y en toda la República. Lamentablemente, el protocolo del feminicidio es muy general, no es específico. La Fiscalía tiene que especializar a sus peritos, a sus ministerios públicos, para que puedan dar inicio a ese levantamiento".

A pesar de que el estado cuenta con áreas dedicadas a la violencia contra las mujeres, la intervención en la escena del crimen recae en otras divisiones.

"En la práctica, la Unidad Especializada para los Delitos de Violencia contra la Mujer en Guanajuato no son los encargados de levantar el cuerpo de una mujer muerta. Quien atiende el levantamiento de esa mujer con la pérdida de vida es la Unidad Especializada en Homicidios, pero no entra la Unidad Especializada ni de violencia contra la mujer ni de género", criticó.

Dijo que la falta de perspectiva de género se extiende al personal técnico y pericial encargado del procesamiento de los indicios.

Dalia Ramírez sostuvo: "nos encontramos que los expertos, los peritos especializados en homicidio, no en feminicidio, son caballeros. Cuando una mujer muere con un protocolo de feminicidio, la necropsia la hace, en la mayoría de los asuntos que hemos llevado, un caballero. Quien hace la inspección de un lugar es un caballero. Quien hace la intervención de búsqueda de fibras, pelos, alguna cuestión, es un caballero".

Aseguró que el proceso legal para sustentar la acusación ante un tribunal se prolonga por años, periodo durante el cual se deben recopilar elementos que acrediten la razón de género.

"Cuando inicia una investigación por la muerte de una mujer a cuando llegamos a juicio para determinar que es un feminicidio, pasan dos años con detenido, teniendo una persona sujeta a proceso. Tenemos que estar investigando qué hizo la víctima un día antes para poder nosotros hacer una historia donde de verdad debamos de justificarle al juez que la persona que privó de la vida a nuestra víctima lo hizo por una cuestión de odio o de género".

La especialista advirtió sobre el hallazgo de casos en los que existe la intención de encubrir feminicidios para hacerlos pasar por suicidios. Ante este panorama, Ramírez Delgado solicitó que cualquier muerte violenta de una mujer reciba atención inmediata bajo perspectiva de género, protocolos especializados y personal capacitado.

Asimismo, lamentó que el temor de la ciudadanía a colaborar como testigos en estos procesos responde a la falta de mecanismos efectivos de resguardo por parte de las autoridades.

"Por eso no hay testigos en estos juicios, por eso nadie se quiere prestar. Porque no hay ni siquiera las garantías de protección para sus testigos. Lamentablemente no lo hay", dijo la activista al concluir con su ponencia “La praxis jurídica del feminicidio y su actualización en el estado de Guanajuato”.

Te puede interesar:

/ED