Guanajuato.- La reciente estrategia de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los repartidores y conductores de aplicaciones digitales constituye un mecanismo engañoso que despoja a los trabajadores de su derecho a la salud, alertó el diputado local Rolando Alcántar Rojas. A través de un exhorto formal presentado ante el Congreso del Estado, el legislador solicitó la revisión urgente de este esquema, al cual calificó como una simulación administrativa para evitar el reporte de una caída en el empleo formal en el país.

La bancada del PAN en el congreso federal exhibió que existe un conflicto con 1.3 millones de trabajadores de plataformas digitales como Uber y Didi a nivel nacional, quienes están asegurados ante el IMSS pero que no pueden recibir atención médica por no superar el umbral del ingreso neto mensual.

El problema de fondo es que estos trabajadores tampoco pueden recibir atención en los sistemas de salud estatal, pues para ello les piden una constancia de no afiliación al IMSS, lo que genera un vacío institucional, porque aparecen como asegurados, pero no cuentan con una puerta efectiva de acceso al sistema sanitario.

Para garantizar que puedan recibir atención médica, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba y la diputada Verónica Pérez Herrera, presentaron un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, a la Secretaría de Salud y al IMSS para que quien trabaje con plataformas digitales, puedan tener acceso a la salud.

En Guanajuato, un grupo de conductores de éstas plataformas buscaron al diputado local Rolando Alcántar, quien integra la comisión de Movilidad, para tratar el tema.

La problemática se originó a partir del vencimiento del plazo fijado en junio para la inscripción obligatoria de quienes operan en firmas de transporte privado y distribución de alimentos o mercancías. El congresista explicó que, si bien el padrón de asegurados registró un incremento significativo de beneficiarios, el modelo carece de validez real debido a que los afectados no disponen de acceso a prestaciones de vivienda, fondos para el retiro ni consultas médicas básicas.

​De acuerdo con las reglas de operación vigentes, el instituto condiciona la activación del servicio médico a que el trabajador alcance un umbral de ingresos mensuales sumamente elevado, una meta que resulta inalcanzable para la mayoría debido a las comisiones y los algoritmos de las propias empresas. Esta cláusula provoca que miles de repartidores aparezcan como derechohabientes activos en los sistemas de vigencia, pero bloqueados al momento de solicitar atención en las clínicas.

​El legislador advirtió que esta condición coloca a los ciudadanos en una total vulnerabilidad, ya que el vacío legal también les impide buscar alternativas en la medicina pública. La Ley General de Salud prohíbe que el sistema estatal o los hospitales generales absorban los costos de personas inscritas en el régimen federal, lo que obliga a los centros de salud locales a cobrar la totalidad de los tratamientos en caso de una emergencia. Ante este escenario, Alcántar Rojas urgió a la Federación a modificar las reglas de este esquema piloto para garantizar una protección laboral auténtica y detener el perjuicio económico hacia las familias guanajuatenses.