Guanajuato.- El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, descartó que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas vaya a restituir el dinero que perdieron las 107 personas que fueron despojadas de sus recursos, derivado del fraude inmobiliario gestado a través del despacho "Punto Legal".
La postura oficial surge tras la jornada de protestas registrada la semana pasada, en la que decenas de personas afectadas, acompañadas de sus abogados, acudieron a las instalaciones en León de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para obtener información sobre el llamado "tren del dinero". Los manifestantes reclaman la reparación del daño tras la condena dictada contra el representante legal del bufete, Edgar Francisco Franco Ríos, de mil 18 años.
Jiménez Lona enfatizó que el presupuesto asignado a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, que asciende a 230 millones de pesos, se encuentra legalmente etiquetado para atender a víctimas indirectas de delitos de alto impacto, por lo que resulta inviable destinarlo a quebrantos patrimoniales.
"Está enfocado a apoyos alimentarios, gastos funerarios, temas directos de las víctimas de hechos de violencia, son temas… imagínate un daño de esta naturaleza, el presupuesto que se tendrían que destinar y muchos de ellos vienen derivado de un acto de comercio, de una actividad que buscaban un lucro, es muy distinto a un tema de un homicidio, o un tema en el que hay que ayudar a un menor a seguir estudiando, a que tenga gastos hospitalarios, son casos distintos".
Jiménez Lona reiteró que la responsabilidad jurídica y financiera recae de manera exclusiva sobre los autores del delito penal.
A pesar de la negativa para utilizar fondos públicos en la indemnización, la Secretaría de Gobierno mantendrá el canal de comunicación con los representantes de los afectados para supervisar el avance de las ejecuciones de sentencia e impulsar el decomiso de activos propiedad del despacho o de sus prestanombres.
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