Guanajuato.- La falta de regulación para atender a menores de edad y el acoso administrativo de las autoridades estatales y municipales colocan en una situación crítica a los centros de rehabilitación en Guanajuato. Así lo denunció Nicolás Pérez Ponce, presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), quien advirtió que la inacción del gobierno obliga a muchas familias a recurrir a estas instalaciones ante la severa crisis de seguridad y adicciones que afecta a la entidad.
El dirigente de la organización señaló que, pese a los impedimentos legales e inspecciones que concluyen en cierres de instalaciones, estos centros mantienen sus puertas abiertas para responder a las solicitudes de apoyo de los familiares de los usuarios.
“Nosotros hemos tenido que reducir el trabajo con los menores porque no hemos podido; mas, sin embargo, lo hacemos por la necesidad de la familia. Es un poco menos el trabajo porque Secretaría de Salud llega y, si te halla menores, sin más ni más te clausuran”, explicó Pérez Ponce.
Respecto a las posturas expresadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODEHG) y otras dependencias sobre las iniciativas de regulación, el titular de la red de anexos afirmó que continuarán con sus labores sin importar la oposición institucional.
“Lo vamos a seguir haciendo por la necesidad de la gente, porque al final de cuentas ellos no cubren este tema y no entendemos por qué no lo hacen. Siempre el gobierno del estado ha querido poner centros de rehabilitación, o quieren atender ellos el tema, pero siempre han fracasado por la sencilla razón de que no hay la vocación, no hay las ganas de ayudar”, aseguró.
El representante gremial contrapuso las estrategias de prevención pública, como el programa Planet Youth o los centros estatales de adicciones, con la realidad de las comunidades. Asimismo, resaltó que la solicitud de ayuda por parte de las familias responde, en ocasiones, a un intento desesperado por salvaguardar la integridad física ante la violencia provocada por el consumo de sustancias.
“Hay familias que ya nos hablan por su seguridad. Me dicen: ‘Venga por él, tengo miedo’; a veces hemos encontrado a las familias encerradas en los baños. Este es un tema que, si se pusieran a trabajar nuestros legisladores, muchas situaciones se compusieran”, puntualizó.
Pérez Ponce cuestionó el papel de las administraciones municipales, las cuales exigen permisos de uso de suelo como principal condicionante para su operatividad, lo que empuja a diversos centros a trabajar bajo reserva para evitar sanciones o imputaciones arbitrarias.
“Muchos grupos han tenido que borrar sus logotipos, han tenido que estar trabajando bajo un perfil bajo por los miedos que le tienen ya no al crimen organizado, sino al propio gobierno. Porque el gobierno llega, catea y te siembra delitos. A veces, por ayudar, resultamos ser delincuentes”, denunció.
Ante este panorama, la agrupación contempla la realización de acciones y movilizaciones conjuntas entre los establecimientos del sector para exigir que los funcionarios públicos conozcan el problema de primera mano en las comunidades antes de imponer decisiones operativas desde sus dependencias.
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