Guanajuato.- Un modelo integral de atención a las adicciones que articule prevención, tratamiento, reducción del daño e integración comunitaria fue el eje del debate en la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Salud Pública. Ahí se revisó la iniciativa para expedir la Ley para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones para el Estado de Guanajuato, propuesta con la que se busca regular los servicios públicos, privados y mixtos en la entidad.
Durante el análisis, los asistentes advirtieron que, aunque la iniciativa persigue un fin noble al pretender regular la asistencia integral y el control de centros de rehabilitación, la propuesta es inviable en los términos planteados. Se argumentó que la regulación en materia de salubridad general, la normatividad clínica y el control sanitario corresponden exclusivamente a la Federación, por lo que crear esquemas locales paralelos generaría sobrerregulación, invasión de competencias y lagunas jurídicas.
Además, señalaron la falta de viabilidad financiera e institucional al imponer la apertura de centros de rehabilitación regionales sin prever fuentes de financiamiento ni etapas de implementación. En lugar de duplicar funciones, propusieron armonizar el texto con la Ley de Salud local, fortalecer el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, y precisar que la justicia terapéutica se ciña al ámbito administrativo sin interferir en procesos penales.
Morena defiende viabilidad legal
"La armonización normativa implica no tener o eliminar cualquier contradicción que pueda existir entre la normativa general y una normativa que desarrolle ese piso mínimo de las leyes generales. En este caso se trata de una propuesta que busca desarrollar dentro del margen de libertad configurativa de los congresos estatales (...) una atención integral a las adicciones con enfoque preventivo y de atención directa", dijo Francisco Escamilla, coordinador de asesores del Grupo Parlamentario de Morena, quien impulsa la reforma.
Dijo que si no se cuenta con un marco regulatorio que implique permita asumir las competencias que distribuyó la Federación, “va a seguir sucediendo que tenemos en la realidad centros de rehabilitación que están operando en la clandestinidad".
Respecto a las reservas sobre los derechos humanos y el internamiento, se precisó el alcance del texto propuesto, explicó “será requisito indispensable para la prestación de los servicios de atención en materia de adicciones contar con el consentimiento informado del usuario (...) Esto muestra que el eje rector de la iniciativa en la materia es la voluntad de las personas".
Por parte de los centros de rehabilitación y colectivos, las familias manifestaron la impotencia que viven ante las adicciones. Denunciaron que los marcos legales actuales se quedan en el papel sin frenar las conductas de riesgo ni la pérdida de vidas, por lo que urgieron a los legisladores a actuar con sensibilidad y enfoque de derechos humanos para construir soluciones reales.
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