Guanajuato.- La renovación del transporte público y la reciente asignación del presupuesto para obra pública en el estado desataron críticas debido a la opacidad en los procesos municipales y a la falta de visión estratégica para la capital de la entidad.
El diputado local Juan Carlos Romero Hicks advirtió que cualquier acto de la autoridad debe contar con la fundamentación y motivación legal necesarias, en referencia directa a los recientes operativos municipales que sacaron de circulación a varias unidades de transporte.
La sustitución de camiones urbanos que concluyeron su vida útil generó inconformidad entre los usuarios y los concesionarios. Estos últimos enfrentan un litigio activo contra el Ayuntamiento tras calificar la convocatoria para la renovación de permisos como un proceso al margen de la ley.
Y es que varias unidades del transporte público fueron dadas de baja en Guanajuato capital y la Subsecretaría de Tránsito autorizó a una nueva empresa a prestar el servicio, pese a la existencia de un amparo federal.
La Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte implementó un operativo de revista mecánica mediante el cual sacó de circulación varias unidades de la Familia Ávalos para dar paso a la empresa irapuatense Transporte Empresarial del Bajío (TEB).
Sectores ciudadanos denunciaron que los operativos para retirar camiones de las vialidades carecen de explicaciones claras sobre los beneficiarios de los nuevos permisos. Al respecto, Romero Hicks subrayó que el criterio máximo debe enfocarse en la calidad del servicio y en la satisfacción de la ciudadanía. Asimismo, instó al órgano interno de control y a la Auditoría Superior a revisar los expedientes para descartar anomalías.
La distribución de una bolsa de 4,000 millones de pesos para inversión en infraestructura, que anunció la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para los 46 municipios, detonó reclamos por parte de diversos alcaldes. Alcaldías como la de Celaya manifestaron de forma pública su descontento ante las asignaciones asignadas, las cuales consideraron mínimas.
En el caso de Guanajuato capital, los proyectos aprobados contemplan apenas una planta de tratamiento de agua y pavimentaciones menores. Especialistas y legisladores señalaron que este paquete de obras resulta insuficiente para las necesidades de la ciudad.
"La capital tiene cinco problemas muy grandes en infraestructura: agua, movilidad, servicios públicos municipales, la conectividad propia de su condición de sede de los tres poderes y la atracción de inversiones", apuntó Romero Hicks.
El legislador recordó que durante su gestión gubernamental existió un fondo de capitalidad específico, un modelo que hoy opera con éxito en la Ciudad de México y en otras capitales del país. Este mecanismo permite mitigar el desgaste que sufre el municipio al albergar las sedes de las universidades públicas, delegaciones federales y los poderes del estado, sin que esto signifique un perjuicio para los otros 45 municipios de la entidad.
Las autoridades legislativas evaluarán las propuestas originales que entregó la presidencia municipal frente a las respuestas que emitió el Ejecutivo estatal, con el fin de determinar si existieron fallas en la planeación de los proyectos estratégicos.
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