Guanajuato.- Fortalecer el registro de deudores alimentarios se refiere a que ya no lo opere el Registro Público de la Propiedad, sino el Registro Civil, para que sea tratado como un tema de protección de derechos y no como un asunto patrimonial; además de que haya sanciones para la persona morosa. Así lo explicó la diputada de Movimiento Ciudadano Sandra Pedroza, quien elaboró la propuesta que fue analizada en mesa de trabajo este miércoles en la Comisión de Justicia.
“Actualmente hay un registro que ya existe, pero las estadísticas nos dan a entender, que no están funcionando. No se están registrando a las personas deudoras alimentarias en los registros de manera adecuada. Entonces, bueno, lo que buscamos es, justamente, fortalecer el registro. Que sea un registro que no nada más exista, sino que verdaderamente funcione”, señaló la legisladora.
Abundó que en su propuesta es que el registro de personas deudoras alimentarias morosas es que cambie de instancia. “Actualmente la opera el Registro Público de la Propiedad, y pues estamos proponiendo que la que ahora lo opere el Registro Civil. Es un tema de capacidad institucional, realmente es el Registro Civil quien tiene la capacidad institucional para operarlo de manera adecuada”.
Enfatizó que esto es muy importante, para que el tema sea tratado como un tema de derechos, de protección, y no nada más una cuestión patrimonial. “Proponemos también crear la ley del registro de personas deudoras alimentarias morosas, precisamente para establecer de manera ya definida cuáles van a ser las coordinaciones, las atribuciones de cada dependencia involucrada”.
Aclaró que el Registro Público de la Propiedad va a seguir participando por el tema de los bienes: “me parece que esas preocupaciones vienen justamente por no haber visto que sí hay un apartado donde se establecen, precisamente, las atribuciones de todas las autoridades. Es un tema de fortalecimiento institucional que busca, pues, garantizar el interés superior de las infancias, particularmente en lo correspondiente a su derecho a los alimentos”.
Hay subregistro
Durante la mesa de trabajo se reveló que en este registro hay apenas 105 personas: 102 hombres y tres mujeres. “Todos los datos, las cifras que tenemos, están respaldadas. Son solicitudes de transparencia que hicimos a autoridades, son bases de datos públicas, y son precisamente el número de procesos realizados, el número de denuncias, el número de reportes, que son miles. Entre todo esto, suman miles y miles y miles, y resulta pues muy ilógico que solamente haya 105 personas en el registro”, criticó.
Cuestionada sobre la resistencia por parte de los representantes de la Fiscalía General del Estado y del Poder Ejecutivo para crear la ley de personas deudoras alimentarias, Sandra Pedroza respondió que esta iniciativa, como muchas otras que se presentan, tiene áreas de oportunidad, “que es una buena oportunidad para fortalecer; pero es viable. Hubo coincidencia en que es viable, y esas resistencias van enfocadas a esfuerzos, a esfuerzos administrativos, a esfuerzos económicos. Pero me parece que en un tema que se refiere a protección de niñas y niños, las erogaciones, los esfuerzos, no son un gasto ni un derroche, son una inversión. Y creo que cuando se trata de proteger a niñas y a niños, esas inversiones valen totalmente la pena y el Estado no debería estar escatimando ni ponerlas de pretexto para no actuar cuando tiene la oportunidad para fortalecerlas”.
Reflexionó que hay un tema de un doble discurso, en el que sí importan mucho las niñas, los niños, importa la vida, pero pues no importa la vida digna. “Lo que busca esta propuesta es justamente garantizar una vida digna para las niñas, para los niños, sus derechos, y el cumplimiento pues de todo lo que implican los alimentos, ¿no?, que es alimentación, es vestimenta, es vivienda, es educación, es salud”, finalizó.
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