León.- La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se perfila como un proceso que trasciende lo comercial y se convierte en un tablero político de alta tensión, donde temas de seguridad, extradiciones y credibilidad institucional estarían siendo utilizados como instrumentos de presión internacional. Así lo advirtió el diputado federal del PAN, Miguel Salim Alle, quien sostuvo que México llega a esta negociación en un escenario de desventaja y con una creciente erosión de confianza por parte de sus socios. “El mensaje es claro: Estados Unidos no confía en el sistema judicial mexicano”, afirmó el legislador.
En su diagnóstico, Salim aseguró que la relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa una etapa en la que la agenda comercial se encuentra directamente entrelazada con la de seguridad. En ese sentido, señaló que la administración del presidente Donald Trump estaría operando simultáneamente en varios frentes de presión. “Estados Unidos está jugando en dos tableros al mismo tiempo: seguridad y comercio. Y los está mezclando, pero esto tiene que ver que no le tiene confianza al sistema judicial, declaró, al referirse también a las exigencias en materia de combate al narcotráfico y extradiciones.
El legislador panista afirmó además que existe una correlación entre los amagos arancelarios y el incremento de extradiciones hacia Estados Unidos, lo que a su juicio evidencia una estrategia de presión política indirecta. “Con cada amago de aranceles vienen extradiciones. Primero 25, luego 30, luego más. Hoy ya van decenas”, sostuvo. En su lectura, la negociación del T-MEC no se desarrolla de forma aislada, sino dentro de una dinámica de condicionamientos cruzados entre comercio y justicia.
Salim también hizo referencia a señalamientos internacionales y publicaciones sobre investigaciones que involucran a figuras políticas mexicanas vinculadas a Morena, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Aunque evitó confirmar la existencia de órdenes judiciales, advirtió que la falta de transparencia institucional impacta la percepción externa del país. “Estados Unidos interpreta la falta de transparencia como complicidad”, señaló, al subrayar el deterioro de la credibilidad del sistema judicial mexicano.
En ese contexto, el diputado sostuvo que incluso acuerdos recientes de México con otros bloques, como la Unión Europea, envían señales de desconfianza hacia el sistema judicial nacional, al privilegiar tribunales internacionales para la resolución de controversias. “No es un tema menor: el mensaje es que no confían en nuestro sistema judicial”, dijo. A su juicio, esta percepción debilita la posición de México en la revisión del T-MEC y refuerza la necesidad de certeza jurídica para la inversión extranjera.
En el plano político interno, Salim fue particularmente cuidadoso al referirse al equilibrio entre el gobierno de Guanajuato y la Federación. Sin romper con el tono crítico hacia el escenario nacional, evitó escalar el conflicto entre partidos en un contexto donde el PAN gobierna la entidad. Subrayó que la relación entre la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene en el terreno institucional, con coordinación y respeto, lo que obliga —dijo— a un manejo político prudente dentro de Acción Nacional. En ese sentido, el legislador dejó entrever que la oposición panista no puede capitalizar de forma abierta la coyuntura del T-MEC sin afectar ese delicado equilibrio entre gobiernos.
Finalmente, Salim advirtió que el mayor riesgo no es la renegociación en sí, sino la posible “contaminación” del acuerdo comercial con la agenda de seguridad y narcotráfico. “Sería un golpe tremendo para la industria mexicana si el T-MEC se cae o se debilita por estos temas”, afirmó. En ese marco, planteó que el proceso se encuentra en una fase decisiva rumbo a septiembre, mientras en el plano interno la oposición enfrenta limitaciones estructurales para influir en la discusión, y llamó a que la sociedad asuma un papel más activo como contrapeso político frente al oficialismo.
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