Guanajuato, Gto. Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados aseguraron que la reforma al artículo 127 de la Constitución, que establece un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos, afecta a miles de trabajadores retirados y vulnera derechos adquiridos mediante contratos laborales y convenios de jubilación previamente establecidos.
Durante una entrevista para En Línea 5, el ingeniero Ángel Mario Vázquez Aquiles y el contador público Gabriel Pacheco Hernández, representantes de la organización de jubilados, señalaron que la medida impacta a aproximadamente 90 mil personas en todo el país y a cerca de 4 mil en Guanajuato.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicada en abril pasado, establece que ninguna pensión pública podrá superar el 50 por ciento del salario neto de la titular del Poder Ejecutivo Federal, lo que representa un monto aproximado de entre 67 mil y 70 mil pesos mensuales.
El Gobierno Federal ha defendido la medida como una acción para eliminar privilegios excesivos y generar ahorros al gasto público. Sin embargo, los jubilados rechazan que sus percepciones puedan ser catalogadas como “pensiones doradas”.
“Nosotros no tenemos pensiones doradas, tenemos pensiones ganadas con nuestro trabajo. Son el resultado de décadas de servicio y están respaldadas por contratos colectivos y convenios ratificados legalmente”, afirmó Gabriel Pacheco Hernández.
Los representantes explicaron que muchos de los afectados son adultos mayores que ya habían organizado su patrimonio y compromisos económicos con base en los ingresos que percibían como jubilados.
“Hay personas con enfermedades, seguros de gastos médicos, créditos bancarios y compromisos familiares. La reducción de las pensiones los coloca en una situación de vulnerabilidad”, señaló Ángel Mario Vázquez.
Amparos han sido desechados
Los representantes informaron que los jubilados han emprendido acciones legales, de diálogo institucional y de movilización social para intentar revertir la medida.
En el caso de los amparos promovidos por los afectados, señalaron que éstos han sido turnados a juzgados especializados en la Ciudad de México. Hasta el momento, dijeron, las demandas han sido desechadas bajo el argumento de que no procede el amparo contra disposiciones constitucionales.
No obstante, precisaron que los recursos legales no están dirigidos contra la reforma constitucional en sí, sino contra los efectos que ésta genera en sus derechos pensionarios.
“Seguiremos por las rutas legales, laborales y de diálogo que nuestros abogados nos indiquen. No vamos a detener la defensa de nuestros derechos”, expresó Vázquez.
Anuncian más movilizaciones
La Alianza Nacional de Jubilados adelantó que continuará realizando manifestaciones pacíficas en distintos estados del país para visibilizar el problema.
En Guanajuato, recordaron que recientemente realizaron una movilización en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato y anunciaron nuevas actividades informativas y de protesta en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), sedes del Poder Judicial y espacios públicos de distintos municipios.
Los representantes señalaron que su objetivo es informar a la ciudadanía sobre lo que consideran un precedente preocupante para otros derechos adquiridos.
“Hoy somos nosotros los afectados, pero mañana podría tratarse de cualquier otro derecho consolidado de los ciudadanos. Por eso creemos importante que la sociedad conozca lo que está ocurriendo”, concluyeron.
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