Guanajuato.- Tras el caso de intoxicación registrado durante una fiesta de XV años en Salamanca, donde varios asistentes presuntamente consumieron tequila adulterado con metanol, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) aseguró que mantiene acciones permanentes de inspección para detectar la venta clandestina de bebidas alcohólicas y verificar que los establecimientos operen dentro de la legalidad.
La titular del organismo, Sandra Vianney Pérez Gómez, explicó que las facultades del SATEG se centran en la regulación de la producción, almacenamiento y comercialización de bebidas alcohólicas, principalmente mediante el otorgamiento de licencias y la supervisión de establecimientos autorizados para la venta de estos productos.
Sin embargo, aclaró que la investigación sobre posibles casos de alcohol adulterado corresponde a las autoridades sanitarias, que cuentan con atribuciones específicas para realizar análisis, inspecciones y aplicar sanciones relacionadas con riesgos para la salud.
Durante las revisiones, personal del SATEG verifica que los comerciantes cuenten con la documentación que acredita la procedencia legal de la mercancía, incluyendo los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que respaldan tanto la compra como la venta de los productos.
De acuerdo con la funcionaria estatal, la existencia de esta documentación permite acreditar que las bebidas alcohólicas fueron adquiridas a través de canales legales.
Respecto a la venta clandestina, la titular del organismo la calificó como una problemática grave para la entidad, pues destacó que la Ley de Bebidas Alcohólicas faculta a la autoridad estatal para inspeccionar establecimientos que operan sin licencia e incluso asegurar la totalidad de la mercancía cuando se detecta comercialización ilegal.
“Lo vivimos gravísimo. Tan es así que la Ley de Bebidas Alcohólicas también nos faculta para revisar aquellos establecimientos que están enajenando de manera clandestina, es decir, sin una licencia o un permiso. Inclusive, la ley nos otorga facultades para poder asegurar la totalidad de las mercancías que se estén vendiendo en un establecimiento que no tenga la licencia o el permiso autorizado”, señaló.
Además de los decomisos, la dependencia puede imponer sanciones económicas y ordenar la clausura de negocios que incumplan con la normatividad.
Como ejemplo de estas acciones, informó que únicamente en Salamanca se realizaron 210 inspecciones durante 2024, otras 290 en 2025 y 137 más en lo que va de 2026.
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