Guanajuato.- La detención y posterior vinculación a proceso de dos policías municipales de Silao, acusados de despojar de sus pertenencias a un ciudadano, fue destacada por el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, quien afirmó que el caso evidencia que ninguna corporación policial está por encima de la ley ni exenta de ser investigada.
El fiscal calificó los hechos como especialmente graves debido a que involucran a servidores públicos cuya función es garantizar la seguridad y proteger a la ciudadanía. No obstante, resaltó que la colaboración del gobierno municipal fue determinante para que la Fiscalía iniciara las investigaciones de manera inmediata, integrara la carpeta correspondiente y lograra llevar el caso ante un juez.
“La actitud responsable de la autoridad municipal de Silao fue determinante. Hubo apoyo institucional que permitió detener a los imputados, judicializar el caso y lograr su vinculación a proceso. La ciudadanía debe seguir denunciando para obligar a que las autoridades hagan su trabajo”, afirmó.
Cuestionado sobre la gravedad de que los acusados sean policías, el fiscal fue contundente: la ley contempla sanciones más severas cuando un delito es cometido por un servidor público, ya que existe una traición a la función de proteger a la sociedad.
“No es lo mismo que robe un particular a que lo haga un policía. Un servidor público tiene la obligación de cuidar a la ciudadanía y, cuando utiliza su cargo para delinquir, la conducta se agrava”, sostuvo.
El titular de la Fiscalía también lanzó un mensaje a las corporaciones de seguridad del estado al advertir que las investigaciones no se limitan a Silao. Aseguró que existe vigilancia permanente sobre las policías de los 46 municipios de Guanajuato.
“Estamos investigando en los 46 municipios. No hay ninguno que escape a nuestra atención ni a nuestra visión”, enfatizó.
Finalmente, llamó a la población y a los medios de comunicación a continuar denunciando cualquier irregularidad o acto ilícito cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad, al considerar que la presión social y la denuncia son factores clave para combatir la corrupción y los abusos de autoridad.
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