A cuatro años del asesinato del estudiante de agronomía Ángel Yael Ignacio Rangel, un tribunal dictó sentencia contra dos elementos de la Guardia Nacional involucrados en los hechos ocurridos el 27 de abril de 2022 en la comunidad El Copal, en Irapuato.
En entrevista para En Línea 5, el abogado de la familia, Juan Manuel Arredondo, informó que uno de los agentes recibió una condena de 54 años, 3 meses y 2 días de prisión por homicidio calificado y tres delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, mientras que el segundo elemento fue sentenciado a 33 años y 2 días de prisión por tentativa de homicidio contra los tres jóvenes que viajaban en el vehículo atacado.
Los hechos ocurrieron cuando Ángel Yael y otros estudiantes de la Universidad de Guanajuato viajaban a bordo de una camioneta blanca tras asistir a una reunión con compañeros de la facultad. De acuerdo con la investigación, fueron perseguidos y atacados a balazos por elementos de la Guardia Nacional.
“Pasaron cuatro años, hubo una serie de amparos por parte de estos agentes federales y finalmente se hizo justicia”, señaló Arredondo.
El abogado destacó que la jueza consideró agravantes para imponer penas superiores a las mínimas previstas por la ley, entre ellas la calidad de servidores públicos de los responsables y el hecho de que las víctimas eran estudiantes universitarios desarmados.
“Son penas ejemplares y con un efecto disuasorio frente a otros agentes del Estado que ejercen funciones de seguridad pública”, afirmó.
Además de las condenas de prisión, la sentencia incluye medidas de reparación integral para las víctimas directas e indirectas. Entre ellas destacan atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada; compensaciones económicas por daño físico y moral; pago de tratamientos, gastos y honorarios legales; así como medidas de satisfacción y no repetición.
Uno de los puntos que el abogado calificó como “muy importante” es que la resolución establece al Estado mexicano como responsable solidario del cumplimiento de las reparaciones económicas.
También se ordenó que los sentenciados ofrezcan una disculpa pública y que la Guardia Nacional difunda la sentencia enfatizando la inocencia de las víctimas y el reconocimiento de violaciones a derechos humanos.
La resolución judicial incluye además medidas de no repetición, entre ellas capacitación obligatoria en derechos humanos para elementos de la Guardia Nacional.
“Es una sentencia muy protectora de los derechos de las víctimas, ejemplar e inédita. Yo no conocía una sentencia de esta índole con este alcance, y más aún contra agentes del Estado”, expresó Arredondo.
El abogado reconoció el acompañamiento de medios de comunicación, comunidad universitaria y autoridades de la Universidad de Guanajuato durante todo el proceso judicial.
Finalmente, explicó que la defensa de los sentenciados aún puede presentar recursos de apelación y posteriormente promover un juicio de amparo directo, etapas legales que podrían prolongarse durante varios meses.
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