León.- Un total de 30 servidores públicos del sistema de salud de Guanajuato han sido sancionados durante la presente administración por incurrir en acoso laboral, acoso sexual o violencia de género; en contraste, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) ya analiza una queja formal interpuesta por el sindicato por presuntas violaciones a los derechos laborales del personal.

El titular de la Secretaría de Salud estatal, Gabriel Cortés Alcalá, confirmó la cifra de funcionarios castigados tras sostener mesas de trabajo con la dirigencia sindical encabezada por Martín Cano y María de Jesús Torres. Las reuniones se dieron a raíz de los reclamos del gremio de los trabajadores, quienes acusaron un levantamiento arbitrario de actas administrativas y sanciones al interior de las unidades médicas.

Al respecto, el secretario fue enfático en que la postura del Gobierno del Estado es actuar con rigor sin importar la jerarquía del sancionado:

“En la administración, 30 personas que han sido sancionadas a este respecto, y vuelvo a insistir, tenemos la instrucción y la convicción, la instrucción de la gobernadora y la convicción de que debe de haber cero tolerancia a la violencia contra la mujer... tenemos una política de cero tolerancia a la violencia a las mujeres, tenemos una política de cero tolerancia a la violencia laboral, y diferentes vertientes”.

Cese definitivo para casos graves de acoso

Cortés Alcalá detalló que los castigos responden a faltas graves como acoso laboral y agresión sexual en sus distintas vertientes. Explicó que, dependiendo de la severidad del expediente y tras validar el estado de vulnerabilidad de las víctimas con pruebas contundentes, la Secretaría procede con el cese definitivo de la relación de trabajo.

El funcionario respaldó el actuar de la dependencia y aseguró que la autoridad administrativa no ha cometido excesos contra los empleados:

“Se revisan todos los días. Hay dos partes en esta situación: cuando hay una persona que se le acusa de violencia de género o de violencia laboral, existe una víctima del otro lado y tenemos que estar nosotros como autoridad siendo juez y parte en muchas ocasiones, pero tenemos que ponernos del lado de la víctima siempre... No se ha sancionado a quien no se debe de sancionar y quien se ha demostrado que tuvo un acto inadecuado dentro de su área laboral, se le sanciona de la forma correspondiente”.

A pesar de la postura de la Secretaría de Salud sobre el apego al debido proceso, la inconformidad del personal ya escaló a las instancias de protección de derechos humanos. La ombudsperson en Guanajuato, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, confirmó la existencia de un expediente reciente motivado por la actuación de las autoridades de salud.

La titular de la PRODHEG puntualizó que el organismo autónomo ya dio entrada a una inconformidad formal proveniente del sector salud en la región sur del estado:

“Tenemos si mal no recuerdo una queja, sí, en el municipio de Acámbaro. Pero esta apenas se acaba de presentar, es algo muy muy reciente, lo que fue la semana pasada. ¿Del sindicato? Sí... Está en análisis, en revisión... Esta persona de este sindicato refiere pues que no se le está atendiendo, que ha solicitado algunas citas”.

Con la apertura de este expediente en Acámbaro, la PRODHEG determinará si las medidas disciplinarias dictadas por la Secretaría de Salud violentaron garantías laborales del personal o si el actuar de la autoridad se mantuvo dentro del marco legal.

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