Guanajuato.- La participación virtual de los diputados del Congreso de Guanajuato debe responder a circunstancias justificadas y no convertirse en una alternativa indiscriminada a la asistencia presencial. Ese es uno de los planteamientos de la iniciativa presentada por la diputada de Morena, María Eugenia García Oliveros, para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La propuesta busca establecer con mayor claridad los supuestos en los que las personas legisladoras pueden participar a distancia en las sesiones del Pleno y las reuniones de comisiones, además de fortalecer la transparencia sobre su asistencia a las actividades parlamentarias.
Durante su intervención en tribuna, García Oliveros recordó que las herramientas tecnológicas permitieron mantener los trabajos legislativos durante la pandemia de COVID-19, pero consideró necesario precisar las condiciones para recurrir a esta modalidad.
La legisladora incluso ironizó sobre la posibilidad de que todos los diputados se conectaran a distancia y destinaran a otros fines los recursos empleados para trasladarse al Congreso.
Sin embargo, el planteamiento de la iniciativa no consiste en sustituir las sesiones presenciales por reuniones virtuales generalizadas, sino en regular las excepciones y establecer mecanismos para conocer cómo participa cada representante popular.
Caso fortuito y fuerza mayor, entre los supuestos planteados
Entre los cambios propuestos se encuentra incorporar expresamente el caso fortuito y la fuerza mayor como causas que permitan justificar la imposibilidad de acudir presencialmente.
En esas circunstancias, la persona diputada tendría que informar sobre el hecho que le impide asistir antes de la celebración de la sesión o reunión correspondiente.
La iniciativa también contempla ajustes a los lineamientos que regulan la participación remota, para los cuales la Junta de Gobierno y Coordinación Política dispondría de 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, en caso de aprobarse.
También buscan hacer públicas las asistencias
Otro componente de la reforma consiste en encomendar a la Secretaría General del Congreso la elaboración y difusión de un registro público de asistencia.
La información deberá actualizarse a más tardar el último día hábil de cada semana e identificar la modalidad de participación de los diputados en las sesiones del Pleno, la Diputación Permanente y las reuniones de comisiones.
El registro permitiría distinguir entre asistencia presencial, participación a distancia e inasistencias, sin equiparar automáticamente una conexión virtual autorizada con una falta.
La propuesta abre así una discusión sobre las condiciones en que deben desarrollarse los trabajos parlamentarios y el acceso de la ciudadanía a información sobre el cumplimiento de las responsabilidades legislativas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Por ahora, los cambios planteados no constituyen obligaciones nuevas, pues deberán completar el proceso legislativo correspondiente.
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