Guanajuato.- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresó su respaldo a la normativa para el uso responsable y seguro de celulares y dispositivos digitales en las escuelas del país. Sin embargo, consideró que es insuficiente sin una política pública que dé más autoridad a los profesores en el aula, así como contar con infraestructura y capacidad técnica.
Además, señaló que es necesario corregir la falta de inclusión de los padres de familia en el diagnóstico e implementación de esta política pública, señaló el presidente nacional de la organización, Israel Sánchez Martínez.
Destacó que la restricción de dispositivos en las aulas representa un avance valioso frente al rezago educativo. No obstante, enfatizó que retirar la tecnología no sustituye por sí solo la construcción de entornos de enseñanza efectivos si no se acompaña de una estrategia integral compartida con el hogar.
“Esta medida, como ya lo vimos plasmado en el acuerdo, (le) faltan una serie de condiciones, como el no establecer una normativa clara a nivel nacional, que pueda poner en riesgo a la autoridad y la capacidad del docente frente a los alumnos. No se vislumbra una acción efectiva para que esto pueda significar un fortalecimiento al contexto de rezago educativo que estamos viendo, en donde, pues, el uso del celular hoy para los niños y adolescentes no es conveniente”.
El líder de la Unión de Padres de Familia subrayó que la consulta de la autoridad escolar se enfocó principalmente en el personal docente durante las mesas técnicas, sin incluir las inquietudes de los tutores.
“Lamentamos en primera instancia también que no se hayan tomado en el acuerdo los planteamientos de los padres de familia, en donde no se establezcan reglas claras para el fortalecimiento de una buena estrategia integral y, bueno, quedan algunas cosas en el aire. Sin embargo, en la medida de lo posible seguiremos apoyando para que signifique una mejora”.
Y es que explicó que el uso de dispositivos no se limita al horario escolar: se extiende a la casa, a las redes sociales y a las dinámicas familiares. Por ello, ninguna regulación será sostenible sin la adecuada sensibilización y apoyo de los padres de familia. Se requiere generar espacios permanentes de diálogo entre la escuela y el hogar para acordar reglas coherentes, sostuvo Sánchez Martínez.
La medida entrará en vigor el próximo 3 de noviembre, con un plazo de 180 días para la armonización, por lo que consideran oportuno ajustar los mecanismos de cooperación entre autoridades y tutores.
El dirigente nacional de la UNPF también advirtió la necesidad de precisar la normativa para respaldar la autoridad del maestro frente al grupo y evitar cargas administrativas adicionales.
Finalmente, la Unión Nacional de Padres de Familia hizo un llamado a las autoridades educativas a abrir canales de participación con la comunidad escolar y evaluar periódicamente los resultados de la medida en el bienestar y rendimiento de los estudiantes.
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