Guanajuato.- Ignacio Alejandro Vila Chávez, antecesor de Juan Francisco Vera Ayala, volvió a quedar al frente de la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato como encargado, de acuerdo con lo informado por la gobernadora.
El movimiento ocurre después de la destitución de Vera Ayala por anomalías relacionadas con el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, presentado inicialmente como un golpe histórico contra el huachicol.
Al preguntarle si había tenido acercamiento con una nueva delegada interina, la gobernadora negó que una funcionaria hubiera asumido esa responsabilidad y señaló que Ignacio está como encargado.
“No hay delegada interina, el encargado es el fiscal que teníamos, Ignacio, el que era el de León, y no hemos tenido notificación de que haya llegado ya alguien más”, declaró.
Su respuesta contrasta con las versiones difundidas después de la salida de Vera Ayala, en las que se señaló a Norma Quevedo Vázquez como posible relevo. Los reportes la identificaron como una funcionaria con trayectoria en la procuración de justicia federal, con antecedentes como subdelegada de Procedimientos Penales en Morelos y Campeche.
De titular a encargado
Vila Chávez había asumido la titularidad de la fiscalía federal en Guanajuato en febrero de 2025. En enero de 2026 fue sustituido por Juan Francisco Vera Ayala, como parte de los cambios determinados por las oficinas centrales de la FGR. Su regreso como encargado ocurre alrededor de ocho meses después de aquel relevo.
La gobernadora describió su responsabilidad actual como encargado y sostuvo que el gobierno estatal no ha recibido notificación de la llegada de otra persona a la representación federal.
Las anomalías del megadecomiso
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el 25 de septiembre la destitución de Vera Ayala, después de que el equipo de la fiscal general de la República detectó anomalías en el operativo.
Entre las inconsistencias, explicó que el aseguramiento se realizó aproximadamente dos semanas antes de que fuera anunciado y que la información se difundió sin haber concluido todas las verificaciones correspondientes.
El caso involucra una terminal de almacenamiento de Gas Natural del Noroeste, vinculada con Grupo SIMSA, en San José Iturbide. La empresa defendió la legalidad de sus instalaciones y sostuvo que el combustible pertenece a sus clientes, a quienes presta servicios de almacenamiento.
El 19 de septiembre, la FGR informó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atraería la carpeta de investigación debido a la complejidad del caso.
En ese comunicado, la institución señaló que todavía no había recibido de todas las empresas relacionadas la documentación necesaria para acreditar completamente el origen, manejo y destino lícito del combustible. También informó sobre el análisis de documentos y entrevistas para verificar la propiedad del hidrocarburo y su trazabilidad financiera y fiscal.
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