León.-  Las quejas ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato en contra de la Policía de León crecieron de 112 registradas en 2021 a 144 en 2022, lo que representa un incremento del 28.57%, el mayor porcentaje en los últimos 4 años.

Te puede interesar: Piden a la FGE crear unidad especializada en homicidios de policías

Las 144 quejas en contra de la policía leonesa representan además el 45% del total registrado por la PEDHG en su informe anual 2022, en la que se acumularon 320 expedientes contra corporaciones municipales de seguridad. En segundo lugar, aparece la policía de Celaya, que registró 37, 23 más que las 14 del año anterior; la policía de Irapuato duplicó de un año a otro las quejas en su contra al pasar de 13 a 27; mientras que la de la capital del estado, pasaron de 16 a 21 y las de San Miguel de Allende, de 12 a 17. La PEDHG registró también un incremento importante de las quejas en contra de autoridades municipales en su conjunto, al pasar de 269 a 475, lo que representa un incremento de 76.57% con respecto a 2021.Si se toma en cuenta la totalidad de las quejas en contra de autoridades municipales, León registra 200 de las 475 de todo el estado; es decir, 57.89%. En 2021, se habían registrado 125 quejas en PEDHG en contra de autoridades municipales leonesas, lo que representó el 53.53% de las 269 en total, por lo que el porcentaje de quejas que representa León también se incrementó. Celaya pasó de 22 a 50; Irapuato, de 17 a 40; Guanajuato capital, de 27 a 30; San Miguel de Allende, de 13 a 20 y Silao, de 5 a 16. En el caso de las que se dieron contra la policía de León, tras una baja experimentada de 68 quejas a 57 de 2019 a 2020; al siguiente año, se duplicaron a 112 y en 2022 crecieron a 144.

Lee también: Más de 500 policías han sido dados de baja durante gobierno de Ale Gutiérrez

El informe presentado por Vicente Esqueda hace unos días ante el Congreso del Estado señala que los principales hechos violatorios de derechos humanos registrados en las mil 709 quejas recibidas el año anterior destacan el ejercicio indebido de la función pública, la violación del derecho de la seguridad pública, violación al principio de la legalidad en el ejercicio de la función pública, la prestación indebida del servicio público y la violación al derecho a la integridad y seguridad personales./e