Guanajuato.- En junio pasado, el Congreso de Guanajuato vivió un proceso legislativo que, según organizaciones provida, dejó en claro que el aborto no representa una demanda real de la sociedad guanajuatense.
El rechazo generalizado a las iniciativas proaborto derivó en lo que califican como un “triunfo histórico”, al mantenerse vigente el marco legal que protege el derecho a la vida en la entidad.
A pesar de ello, señalan que algunos actores políticos insisten en imponer una agenda contraria a este principio, entre ellos la gobernadora del estado, Libia Denisse García, y la activista Verónica Cruz Sánchez, quienes impulsan un programa de educación sexual que, de acuerdo con sus opositores, busca ideologizar a menores de edad.
Contrario a lo que afirman sus promotores, sostienen que el aborto no es un derecho humano, ni representa una solución a los problemas sociales o estructurales que enfrentan muchas mujeres.
Además, argumentan que esta supuesta “ideologización” impulsada por el estado podría constituir el delito de corrupción de menores, conforme a lo establecido en los artículos 200 y 201 del Código Penal Federal.
Ante esta situación, los inconformes anunciaron que promoverán una denuncia penal colectiva contra Libia Denisse García, Verónica Cruz Sánchez y demás responsables.
También hicieron un llamado a la ciudadanía para participar activamente en la suscripción de dicha denuncia, como una muestra clara de rechazo social a lo que consideran una imposición estructural de la agenda proaborto.
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