León.- El Comité de Adquisiciones del Municipio de León decidió frenar el fallo de una licitación para la compra de insumos médicos destinados a diversas dependencias municipales, luego de que regidoras manifestaran dudas sobre la verificación de los domicilios fiscales de algunos proveedores y advirtieran el riesgo de contratar posibles empresas fachada.

La discusión surgió después de que la regidora Vanessa Montes de Oca cuestionó el proceso de revisión realizado por la Tesorería, al señalar que una de las proveedoras con una adjudicación superior a los 125 mil pesos registró su domicilio fiscal en un fraccionamiento privado (Zanda).

La edil aseguró que los funcionarios ofrecieron versiones contradictorias sobre la forma en que se realizaron las verificaciones, pues en sesiones anteriores se había informado que se hacían mediante herramientas georreferenciadas en internet, mientras que en esta ocasión afirmaron que fueron presenciales.

Además, sostuvo que las imágenes integradas al expediente parecían corresponder a las proporcionadas por la propia empresa y no a fotografías tomadas por personal municipal, por lo que exigió evidencia que acreditara las visitas físicas a los domicilios.

Montes de Oca también pidió revisar si los inmuebles utilizados como domicilios fiscales cumplen con la normativa municipal en materia de desarrollo urbano, al advertir que, de tratarse de viviendas ubicadas en un régimen condominal, podrían existir restricciones para desarrollar actividades comerciales.

A estas observaciones se sumó la regidora Norma López Zúñiga, quien consideró que el Municipio debería contar con personal especializado para verificar físicamente los domicilios de los proveedores, al estimar que las revisiones mediante plataformas como Google Maps no brindan certeza suficiente.

Asimismo, propuso dejar en reserva la adjudicación correspondiente a una de las personas físicas participantes hasta confirmar que el domicilio cumple con la normatividad municipal y no exista alguna irregularidad relacionada con el uso del inmueble.

Durante la discusión, funcionarios de Tesorería reconocieron que no contaban con evidencia fotográfica de las visitas realizadas a los domicilios fiscales, aunque señalaron que las verificaciones sí se efectuaron de manera presencial y que únicamente se validó la información asentada en el padrón de proveedores.

Ante las inconsistencias detectadas, la presidenta del Comité de Adquisiciones, la síndica Marielester Santos de Anda, planteó reservar el punto en lugar de emitir de inmediato el fallo de la licitación.

La presidenta cuestionó si existía alguna evidencia adicional que acreditara el ingreso del personal municipal al fraccionamiento donde se ubica el domicilio fiscal de la proveedora y, tras reconocer que no había documentación que respaldara esa inspección, propuso suspender la votación para realizar una revisión más exhaustiva.

“A ver, contador Mario, justamente nos pregunta si es un fraccionamiento privado y tiene ahí el domicilio fiscal. ¿Tiene la evidencia de que les dieron acceso y pudieron, por lo menos, verificar el domicilio como tal físicamente? ¿Pudieron verificar que, por lo menos, aunque sea un domicilio particular? ¿Cómo les dieron acceso al fraccionamiento? ¿Hay alguna otra forma? O sea, normalmente en esas pruebas tenemos un sistema donde nos mandan una invitación o algo para poder acceder. ¿No hay nada de eso?”.

La síndica también aclaró que las dudas ya no se limitaban a un solo proveedor, sino que se extendían a la totalidad de los participantes del procedimiento, debido a la falta de evidencia documental sobre las verificaciones físicas, por lo que sometió a consideración del Comité la reserva del punto para despejar todas las observaciones antes de emitir el fallo.

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