León.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) está impedido para generar tarifas diferenciadas basadas en el nivel socioeconómico de la población y con ello favorecer a las familias más vulnerables.

El director del SAPAL, Enrique de Haro Maldonado aseguró que cualquier distinción de costos que esté fuera de los parámetros generales de la Ley de Ingresos del Estado, sería contraria a la legislación vigente. Incluso, aunque se quiera considerar para los años siguientes.

En días pasados un estudio realizado por el Observatorio Ciudadano de León reveló que las familias más vulnerables del municipio pagan hasta el 10 por ciento de sus ingresos y los más ricos apenas el 1 por ciento. Por ello, recomendaron elaborar tarifas cruzadas. Sin embargo, el organismo no está en posibilidad de hacerlo así.

“La Ley no contempla diferenciación es una generalidad, nosotros hacemos una tarifa de agua de acuerdo al costo que representa llevar agua a los ciudadanos, tenemos pagos de energía, tenemos pagos de nómina, tenemos inversiones que hacer en plantas, en pozos, todo ese gasto nosotros lo trasladamos a una Ley de Ingresos para poder seguir trabajando y llevar el servicio a los ciudadanos”.

Explicó que el cálculo de la tarifa del agua en Guanajuato se rige por una fórmula estatal estandarizada que se basa estrictamente en los costos operativos que representa llevar el servicio hasta los hogares.

Añadió que la estructura tarifaria actual en el estado opera bajo un sistema de escalonamiento por volumen de consumo. De este modo, el impacto en el bolsillo de los usuarios no se determina por su estatus social, sino por el cuidado que den al recurso hídrico. El estudio señaló no ser así necesariamente.

Sin embargo, el titular del organismo señaló que es posible pagar menos si se cuida más el agua.

"No podemos proponer ahorita, porque está en contra de la ley una Ley de Ingreso que diga para los ricos y para los que más tienen va costar tanto y para los que menos tienen va costar tanto, también eso sería un tema algo delicado, ¿no? ”

El funcionario abrió la posibilidad de que, en caso de existir un cambio normativo o lineamientos específicos desde niveles superiores, se contemplen criterios distintos.

Indicó que una vía legal para implementar costos distintos requeriría una reforma previa desde el marco legal que instruya la inclusión de estas zonas prioritarias en las Leyes de Ingresos locales.

Respecto a los señalamientos de sectores que acusan una presunta vulneración al derecho humano al agua en zonas vulnerables que dependen de tomas comunitarias, el director de SAPAL rechazó que exista una omisión por parte del organismo operador. Explicó que los impedimentos principales para introducir redes formales de agua en ciertas colonias son de carácter jurídico, al tratarse de predios ejidales o propiedad privada donde la ley les prohíbe intervenir.

Te puede interesar:

/LT