León.- Luego de que tres comerciantes semifijos presentaran una denuncia formal ante la Contraloría Municipal en contra de un servidor público de la Dirección de Consumo y Comercio por presuntos actos de corrupción, se prevé que en los próximos días las afectadas también acudan ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

En la pasada sesión de Ayuntamiento, el regidor panista, Ramón Hernández Hernández, detalló que el funcionario señalado solicitó dinero en efectivo a las ciudadanas a cambio de otorgarles espacios para la venta de sus productos en diversas festividades de la ciudad.

De acuerdo con el testimonio de las afectadas, el monto solicitado no fue entregado a las cajas de la Tesorería Municipal, como lo marca el procedimiento legal, sino que debió ser depositado directamente en una cuenta bancaria de carácter personal perteneciente al servidor público.

Por ello, en próximos días presentarán la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

“Sé que también ellas las van a presentar ante la Fiscalía, para su análisis y su investigación”.

El regidor Hernández Hernández reveló que, tras dar a conocer el caso y presentarse la primera denuncia el pasado 15 de junio ante la Contraloría, las comerciantes ratificaron y ampliaron sus declaraciones el 9 de julio, aportando mayores elementos de prueba.

No obstante, señaló que las afectadas han comenzado a recibir llamadas de presión por parte de ciertos liderazgos de organizaciones comerciales.

“Ellas están siendo sujetas a llamadas por teléfono, a presionarlas para que desistan de las denuncias. ¿Están siendo presionadas? Sí, están siendo presionadas por algunos liderazgos para que desistan de bajar la denuncia. ¿Son liderazgos de organizaciones o son liderazgos? Liderazgos de organizaciones”.

Las denunciantes forman parte del sector de comerciantes semifijos que participan de manera itinerante en festividades tradicionales de la ciudad, tales como la Feria de la Nieve, las verbenas del Templo Expiatorio y las vendimias instaladas en el Arco de la Calzada.

El regidor panista dijo que se mantendrá una estricta vigilancia sobre el desarrollo de las investigaciones tanto en la Contraloría como en la instancia penal. Lo anterior, con la finalidad de evitar que las comerciantes sufran algún tipo de represalia administrativa o la suspensión de sus espacios de trabajo por el hecho de haber denunciado las malas prácticas de la administración municipal.

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