León, Gto.- La gestión de la contralora municipal, Viridiana Márquez Moreno, nuevamente está en el ojo del huracán, luego de que la regidora de Morena, Vanessa Montes de Oca, solicitara otra vez su renuncia.

La petición surgió durante el apartado de Asuntos Generales de la sesión del Ayuntamiento, tras determinarse como falta no grave una de las denuncias por acoso sexual presentadas por trabajadoras del Parque Zoológico de León, decisión que fue ratificada por el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Este caso debe marcar un límite. En otras palabras, la contralora debe renunciar y hoy le hago ese llamado, porque la autoridad que revictimiza pierde toda la autoridad legal para exigir legalidad a los demás”.

La regidora morenista lamentó que no se protegiera a la denunciante ni se activaran mecanismos para garantizar su seguridad.

“La sentencia es devastadora para la credibilidad de la Contraloría. Establece que la autoridad municipal no protegió a la denunciante, no valoró el contexto y no activó oportunamente los mecanismos institucionales para cuidar su integridad física y emocional”.

Por su parte, la regidora independiente Norma López Zúñiga lamentó el archivo de una de las denuncias y le recordó a la titular de la dependencia que su ciclo al frente del organismo municipal está por concluir el próximo 13 de enero de 2027.

Ante los cuestionamientos, Viridiana Márquez Moreno argumentó que las pruebas recabadas no cumplieron con las exigencias normativas para sancionar con mayor gravedad. Explicó que este tipo de agresiones se cometen en la clandestinidad, lo que dificulta su acreditación si no existe una cadena de custodia sólida.

“Para acreditar una determinada conducta, una determinada situación, sobre todo en este tipo de conductas que se llevan en lo oculto, recabamos ya sea testimonios o, en su caso, algún elemento de prueba como una fotografía o grabaciones. Entonces, muchas veces no se puede recuperar de los teléfonos celulares, porque incluso nosotros lo tenemos que recabar del celular al que le llegó. Bajo esa situación, si no hay los elementos correspondientes para estimar una conducta de índole sexual, lo terminamos archivando”.

Por lo pronto, se inició la investigación por una tercera queja presentada por presunto acoso sexual, luego de que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emitiera una medida de protección.

La posible responsabilidad se determinará una vez que continúe el proceso. La sanción podría ir desde la suspensión hasta la destitución, en caso de que la persona continúe laborando en la institución pública, o la inhabilitación, si ya no forma parte de ella. Esta última podría ser de tres meses a un año.

/MA