León, Guanajuato. La imposición de normativas que carecen de diagnósticos técnicos reales podría dirigirse a limitar los derechos de movilidad de los ciudadanos, lo que además refleja la incapacidad de las autoridades para ofrecer soluciones que garanticen una circulación segura en la ciudad.

Así lo advirtió el codirector de la Agencia de Activismo Urbano Territorial -URBE-, Ernesto Ramírez García, quién advierte del riesgo de convertir la normatividad que se trabaja en una cacería de brujas.

“Pareciera que se está buscando responsabilizar al usuario mucho más que a las autoridades que tienen que proveer esa infraestructura segura. Se les está criminalizando para que luego existan estos operativos en los que simplemente, uno los ha visto, estos operativos en los que simplemente detienen a personas en motocicleta por el simple hecho de ir en motocicleta y eso se podría tornar en una cacería de brujas para tratar de regular algo, que finalmente fue una consecuencia de no dotar de infraestructura, ni de opciones seguras de movilidad a las personas de una ciudad o a personas de un estado”

Actualmente en el municipio de León se está elaborando la normativa para regular la circulación de vehículos de micromovilidad, como bicicletas y patines eléctricos que no superan los 25 km/h

Para el colectivo, intentar someter a estos vehículos de baja velocidad bajo criterios punitivos o tratarlos de manera idéntica a los automóviles y motocicletas ignora sus características técnicas y su bajo nivel de riesgo. Ramírez García señaló que esta visión restrictiva termina por limitar el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir un medio de transporte eficiente, económico y sustentable.

“Una idea muy simplista seria empezar a prohibir áreas de circulación para vehículos de este tipo, para vehículos eléctricos. Lo preocupante es que estos vehículos que ya he mencionado, tienen mucha más similitud con una bicicleta convencional que con una motocicleta, entonces, a condicionar por dónde circulan también empezaría a condicionar uno por donde puede circular en bicicleta y esto estaría contrario a la ley”

Desde URBE, destacó el municipio de León acumula un retraso de hasta dos años en la armonización de sus reglamentos de tránsito con respecto a la ley estatal de movilidad, evidenciando una falta de sintonía institucional.

Asimismo, el colectivo enfatizó que las autoridades legislan y aplican operativos de control policiaco "a ciegas", ya que no existen diagnósticos oficiales precisos, sobre la cantidad de viajes diarios que se realizan en vehículos de micromoviliad en la ciudad.

“Lo que yo creo que es muy necesario es que se debería de dictaminar al menos cambiar en las normativas locales, que es urgente tener diagnósticos de movilidad en la ciudad, al momento no tenemos ni siquiera un estimado real de cuántos viajes en bicicleta se hacen el día de hoy, a pesar de la tradición ciclista que existe”.

Faltan estadísticas claras sobre los siniestros viales graves que involucren específicamente a este tipo de transporte alternativo.

Desde la perspectiva de URBE, la seguridad vial no debe depender exclusivamente de la persecución policial ni de exigir más requisitos a quienes optan por la movilidad activa.

La organización concluyó que las autoridades deben priorizar la modificación y construcción de infraestructura urbana adecuada, como redes ciclistas seguras y conexiones viales funcionales, antes de pretender desincentivar el uso de vehículos que generan menores emisiones contaminantes y menor riesgo de fatalidades en la vía pública.

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