Celaya.- La administración municipal de Celaya enfrenta un tercer proceso de embargo precautorio, ahora relacionado con un jubilado y una prestación que, de acuerdo con el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, se originó en 2022, por lo que aseguró que se trata de un asunto ajeno a su gobierno.
El presidente municipal explicó que el conflicto deriva del pago de recursos económicos a pensionados y jubilados sin un marco jurídico que, según señaló, permita actualmente continuar con esas erogaciones.
"No, esa es una problemática del 22 si mal no recuerdo, O sea, no nos corresponde. No es el problema que tenemos. Yo quiero repetirlo. Nosotros estamos para defender los derechos de los trabajadores. Los jubilados son trabajadores, pero resulta que sin un marco jurídico les pagaban una serie de recursos económicos. Lo único que nosotros queremos es que el marco jurídico nos permita seguirles pagando, o no, como se les venía pagando. Hay algunas demandas para que este marco jurídico se acomode. Si a nosotros nos mandata el juez a que les paguemos como ellos quieren, nosotros les pagaremos como ellos quieren."
Sobre la contratación de despachos externos, el alcalde justificó que uno de esos despachos participó en la estrategia jurídica y financiera para concretar la separación de 360 expolicías, proceso que, aseguró, permitió al municipio cubrir las obligaciones laborales sin recibir recursos del Gobierno del Estado.
"Lo tengo contratado yo porque ese despacho externo nos permitió correr a 360 expolicías y nos fue bien. Ahorramos recursos, pudimos pagarlo, nos pusimos de acuerdo con ellos. Hoy yo les puedo decir que no teníamos el dinero para pagarlos porque el gobierno del estado no nos apoyó, porque no nos dejaron ni un quinto para pagar a un ex policía de los que corrimos. Y con ese despacho externo hicimos, junto con un grupo de compañeros de la Universidad de Guanajuato, hicimos una ruta financiera y pudimos pagarles".
El alcalde aseguró que este expediente forma parte de los adeudos que recibió la actual administración y estimó que el municipio heredó alrededor de 100 millones de pesos en laudos, por lo que algunos procedimientos se han prolongado mientras se busca atenderlos con los recursos disponibles.
El presidente municipal también defendió a los trabajadores de Oficialía Mayor involucrados en los procedimientos recientes y descartó que, en el caso relacionado con el jubilado, se hayan detectado irregularidades.
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