Guanajuato.- La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, la morenista Eugenia García Oliveros, instruyó en sentido positivo el dictamen que convierte en ley el matrimonio igualitario en Guanajuato, el cual hoy es posible gracias a un decreto emitido por el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en 2021.
Tras una mesa de trabajo en la que representantes del Poder Judicial, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato avalaron en términos generales la propuesta, García Oliveros dio la instrucción al argumentar que el matrimonio igualitario en ley no implica crear nuevos derechos, sino brindar derechos conquistados frente a posibles retrocesos, y enviar un mensaje claro a Guanajuato: que el Estado no elige qué amores valen.
“En Guanajuato existe un decreto que permite el matrimonio igualitario, pero no es ley. Cualquier cambio político podría borrarlo. ¿Por qué urge convertir esto en ley constitucional? Porque los derechos humanos no deberían depender de decretos temporales. Porque en un estado con gran diversidad, como es nuestro estado, donde incluso esta legislatura tiene representación de LGBT y Q+, negar esta representación es negar la ciudadanía plena”.
Opina la PEDHG
Tanto Vicente Vázquez Bustos, representante de la Consejería Jurídica del Estado de Guanajuato, como Edna Jessica Muñoz Escoto, del Poder Judicial, y Alberto Estella, de la PEDHG, coincidieron en que la propuesta tiene sustento en artículos de la Constitución Política federal y en documentos internacionales. Señalaron además que la noción del matrimonio no debe reducirse a la procreación y que resulta anticonstitucional cualquier ley que lo considere una unión exclusiva entre hombres y mujeres.
No obstante, Vázquez y Estella advirtieron que se debe ponderar que la propuesta contiene la posibilidad de vulnerar el libre desarrollo de las personas con discapacidad.
Por su parte, la diputada panista Susana Bermúdez Cano entregó a la morenista un documento en el que incluye una lista de asociaciones civiles que deben ser consultadas, de acuerdo con la metodología acordada para el análisis de las iniciativas.
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