Integrantes del Ayuntamiento cuestionaron al secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, sobre los criterios y protocolos de actuación de la Policía para revisar, cuestionar o arrestar a los ciudadanos, el funcionario argumentó que dichos procesos están avalados por Calea.
Fue la presidenta de la Comisión de Gobierno, la síndica Leticia Villegas, la que puso sobre la mesa los primeros cuestionamientos, pues dijo que la mayoría de las quejas son por los criterios y la forma de realizar intervenciones.
Al respecto, el secretario dijo que Calea tiene 465 puntos que evalúa en cada una de sus revisiones y los protocolos de actuación de la Policía han sido aceptados por este organismo.
“Eso nos da la línea de intervención, además de lo que tenemos en reportes al 911 cuando nos dan datos de personas sospechosas, personas que acaban de cometer alguna falta o ilícito y coinciden con las características que nos dan los compañeros de cabina, es cuando se hacen las revisiones en el punto, también se hacen revisiones aleatorias cuando tenemos operativos especiales”.
Refirió que existen operativos especiales como el denominado “Ráfaga”, en el que se revisan las motocicletas pero también a los conductores de las mismas en busca de alguna arma o drogas.
En 2022 los resultados de dicho operativo fueron el decomiso de 300 armas cortas y largas, así como el aseguramiento de más de 340 mil dosis de drogas.
Afirmó que en todo momento se deben respetar los derechos humanos de los ciudadanos y reconoce que hay algunas quejas respecto a este tema que se han estado atendiendo ante las diferentes instancias.
El síndico José Arturo Sánchez Castellanos también manifestó sus dudas y observaciones sobre los protocolos de las corporaciones de seguridad, sobre todo cuando los llevan en las patrullas esposados.
“Las bancas, si observan, tienen una ligera inclinación donde si se quisiera parar rápidamente no puede por las bancas, también para que no se haga ningún daño (…) siempre se ha mantenido el respeto hacia el ciudadano”, dijo el secretario.
El funcionario reconoció que a los menores de edad no se les puede esposar en los traslados para presentarse ante un juez cívico.
Finalmente, los integrantes de la Comisión de Gobierno coincidieron en que los elementos deben ser muy cuidadosos tanto en las palabras que utilizan para dirigirse a los ciudadanos como a la hora de hacer una revisión.
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