Para explicar las desapariciones en Guanajuato hay diferentes hipótesis, desde que estén relacionadas con el robo de hidrocarburo o se trate de un fenómeno ligado a la trata de personas, pero creer que la mayoría se debe a que se van con el novio o la novia, como sostuvo en su momento el exgobernador, Miguel Márquez, es tratar de simplificar el problema y disminuir la responsabilidad de la autoridad para atender el problema.
Así lo aseguró Fabrizio Lorusso, académico de la Universidad Iberoamericana León y periodista especializado en temas de derechos humanos, movimientos sociales y colectivos de familiares de desaparecidos en México.
En entrevista, explicó que sería necesario cruzar los mapas de las regiones que concentran más desapariciones, con los que muestren las zonas donde hay una mayor presencia del crimen organizado, pero también de operativos militares, pues en otros puntos del país la militarización no solo ha incrementado la violencia, sino también las desapariciones.
También existen un factor de actores particulares armados, o de tipo paramilitar, así es como yo definiría a muchos de los grupos que operan hoy en el tráfico de drogas o hidrocarburos o en otros delitos, pues ya tienen una organización armada, del tipo paramilitar, de control del territorio, y eso implica de alguna manera cobro de piso, extorsión, control del territorio en sentido amplio, lo cual implica mayor violencia, asesinatos, pero también la práctica de la desaparición”, dijo.
Además, Lorusso sostuvo que el papel de la autoridad debe ser el de estudiar los patrones de las personas desaparecidas, tales como la zona donde fueron vistas por última vez, su género y grupo etario, pues señaló que en León y Celaya, por ejemplo, el 78 por ciento de las desapariciones ocurridas en el 2017, correspondieron a mujeres menores de 30 años.
Hay un patrón también que habla de posible trata de personas, trata de mujeres, para otros fines de explotación sexual; otra cuota de los desaparecidos en general en el país, pero no hay motivo para pensar que Guanajuato sea la excepción, también son llevados a trabajos forzados, ciertas tareas ligadas al tráfico de drogas, su cultivo, etcétera, y no hay que excluir que sean llevados a otras entidades, lo cual deja perder el rastro”.
El también integrante del Sistema Nacional de Investigadores aclaró también que parte de los expedientes abiertos por la Procuraduría de Justicia corresponden a casos que por motivos personales y voluntarios, una persona decide ocultarse de sus familiares, pero el resto sigue siendo una cifra preocupante.
Los casos denunciados, en general en el país, pero también en Guanajuato, suman miles, pero los que quedan registrados como desaparecidos, son menos, entonces, en efecto, es cierto, hasta cierto punto, que parte del número de carpetas abiertas, se debe a casos en que la persona desaparece temporalmente por miles de motivos, incluso personales, entonces el número de casos que entran y salen de los registros durante un año, son muchos, por eso los números tan altos, pero los que quedan desaparecidos sigue siendo una cifra muy elevada”, declaró.
Fabrizio Lorusso criticó el “gran retraso” que hay en Guanajuato para cumplir lo establecido en la Ley General de Víctimas y en la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, lo cual refleja que, en el estado, el tema no es prioridad para el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
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