El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, sostuvo que no necesariamente es una mala noticia que León sea el municipio que tenga la mayor cantidad de carpetas de investigación por narcomenudeo en todo el país, ya que puede significar que las autoridades locales están combatiendo el delito.
Sin embargo, también advirtió que muchas veces se trata de consumidores que fueron detenidos con un gramaje de droga mayor al autorizado, o con drogas no reguladas.
En el primer bimestre del año, la Fiscalía General del Estado ha iniciado 3 mil 239 averiguaciones por narcomenudeo en León, municipio que concentra la mayor cifra a nivel nacional.
Esta cantidad representa 20 % más en comparación al año pasado, y tres veces más que la ciudad que tiene el segundo lugar, que es Tijuana.
Francisco Rivas refirió que, de acuerdo con información que le han brindado diversas fiscalías, el delito de narcomenudeo es una de las herramientas que tienen las autoridades estatales y municipales para combatir la delincuencia organizada, ante la inacción de la FGR para hacerlo.
No obstante, también apuntó que en la mayoría de las ocasiones los detenidos son personas que no se dedican propiamente al tráfico de drogas, sino simples consumidores.
“No necesariamente es una mala noticia el que tengamos más carpetas de investigación por narcomenudeo. Puede obedecer al trabajo de alguna autoridad responsable, que efectivamente está yendo contra el vendedor último, o combatir a grupos del crimen organizado con esta tipificación, pero lamentablemente también sabemos que muchos casos el narcomenudeo son detenciones de usuarios que tiene consigo un gramaje de droga superior, o una droga no regulada”, dijo
Lo anterior, al participar en el foro “Un país sin denuncia y probable ocultamiento de información sobre inseguridad”, organizado por Causa en Común, en el cual señaló también que, en muchos estados, el delito de feminicidio es maquillado por las fiscalías a fin de reducir el impacto social que tiene.
“El otro aspecto es que el feminicidio, como el secuestro, son delitos que tienen un impacto social muy importante, y por tanto ahí sí es posible identificar muchos casos en donde la autoridad opta por no clasificarlos adecuadamente por una mala voluntad política, es decir, por el interés y deseo de no mostrar al estado en condiciones graves”.
