Un reo de Valle de Santiago que denunció en vida ante Derechos Humanos su situación, murió en 2018 tras un diagnóstico equivocado de personal médico del Cereso Mil e incluso por omisión de personal del hospital de aquella ciudad, que no le permitió tener el tratamiento adecuado.
Además, otro reo de
León falleció también en condiciones similares, según recomendaciones emitidaspor la Procuraduría de los Derechos Humanos desde enero de este año, sobre lasque a la fecha no se sabe si fueron aceptadas y cumplidas.Esta semana trascendieron
dichas recomendaciones publicadas en la Gaceta de Recomendaciones de laProcuraduría de los Derechos humanos en su página electrónica, por hechosocurridos en 2018.Ambos casos fueron
resueltos en enero 24 de 2019, según la misma gaceta y las versiones públicasde los expedientes, en los que se omiten nombres de los reos.En el primero de
ellos, es el expediente 145/ B en el que un interno del Cereso Mil, de Valle deSantiago formalizó queja porque no se le daba la atención médica adecuada a unpadecimietno, privado de su libertad como estaba.“La presente queja atendió al fallecimiento de XXXX, persona privada de libertad en el Centro Estatal de
Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, derivado dela atención médica inadecuada ante un diagnóstico inexacto, atribuible apersonal médico adscrito al referido centro de reclusión”, señala el expediente de derechos humanos.En otra parte, indica
que el propio reo había presentado queja ante el ombudsman por la situación queestaba enfrentando.El reo murió desde el
4 de abril de 2018, y de acuerdo con la investigación de derechos humanos.Había sido hospitalizado el 2 de abril, después de que estuviera siendo tratadoen el Cereso Mil con un diagnóstico erróneo.El reo murió de cáncer
de colon, según las constancias recabadas por Derechos Humanos.En este caso, emitió
recomendaciones para el secretario de Seguridad Pública del Estado, AlvarCabeza de Vaca, para que iniciara procedimiento administrativo contra cuatromédicos del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle deSantiago, así como un excoordinador médico del mismo centro, por Violación al Derecho de las Personas Privadasde su Libertad al Goce Máximo de Salud.Una segunda
recomendación por el mismo caso, para el secretario de Seguridad Públicapara “que se adopten las medidaslegales y administrativas necesarias, con el propósito de hacer efectivas lasgarantías del derecho al goce del grado máximo de salud de las personasinternas en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago,Guanajuato; verificando al caso, que el Centro se encuentre dotadopermanentemente del personal suficiente y capacitado, así como de lainfraestructura, equipamiento y protocolos que permitan brindar una atenciónmédica de calidad y calidez a sus pacientes y; con ello, se brindengarantías efectivas de no repetición”.Pero de acuerdo a la
investigación, la PDH determinó además que hubo una omisión de personal médicodel Hospital General de Valle de Santiago tanto en el manejo del paciente comoen la elaboración del acta de defunción del caso, de lo que da visa alsecretario de Salud, Alberto Díaz Martínez, que provea lo conducente a eserespecto.Y en León…
En el segundo caso,
fue investigada la muerte de un interno del Cereso de León, ocurrida el primerode julio de 2018 por un proceso infeccioso derivado de una perforación gástricaque no fue atendida adecuadamente.El expediente de queja
fue iniciado de manera oficiosa por la PDH, quien además señaló haber recibidoreporte de un interno, y testimonio de otros sobre la falta de atenciónadecuada para el reo que finalmente falleció.En este caso, Derechos
Humanos resolvió también un manejo inadecuado del paciente con al menos dosmanejos médicos del mismo, previos.Emitió recomendaciones
para el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca y el secretariode Salud.Al primero, que se
instaure procedimiento administrativo contra cuatro médicos adscritos al CentroEstatal de Reinserción Social de Prevención y Reinserción Social deLeón “por la Insuficiente protección de las personas privadas de sulibertad en centros penitenciarios a los derechos de personas adultas mayores”.Ua segunda
recomendación también para el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca,para que instruya al director de ese centro penitenciario para que provea lacapacitación y certificación a guardias de seguridad penitenciara en primerosauxilios para que puedan garantizar y salvaguardar la integridad física y lavida de las personas.