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“Hemos visto también que, en algunos casos, por ejemplo cuando el padre desaparece o es asesinado y, muchas veces, bebés recién nacidos o incluso cuando todavía la esposa o la pareja está embarazada y, muchas veces, no hay reconocimiento de la paternidad, entonces es difícil poderlos registrar como víctimas indirectas porque no tienen un documento que les haga valer como hijas e hijos de la persona desaparecida o asesinada”, señaló.El funcionario comentó que, el área jurídica de la comisión estatal, ya trabaja en el instrumento adecuado para que, bajo protesta de decir la verdad de los padres o tutores, niñas, niños y adolescentes, puedan estar en el padrón estatal y ejercer sus derechos como víctimas indirectas. “Yo creo que, con base en la ley de víctimas y en el principio de buena fe, se puede generar no una reforma legal, pero sí algún instrumento público como un acuerdo, un convenio, eso es lo que estamos revisando o incluso reglas de operación. Ese es el trámite que estamos viendo cuál es el mecanismo que puede dar mayor certeza de que no se tenga un problema posterior”, dijo.De acuerdo con datos de la CEAIV, al menos el año pasado, fueron incluidas, en el registro estatal 501 personas menores de edad; de estas, 262 fueron víctimas indirectas de asesinato y 239 de desaparición forzada. /LT
