Familiares de cuatro de los cinco trabajadores fallecidos en la planta de tratamiento de aguas residuales de SAPAL dijeron estar satisfechos con los acuerdos alcanzados con el Municipio, aunque resaltaron que aún queda pendiente la disculpa pública y la pluralidad en la conformación del Consejo Directivo de la paramunicipal.
Víctor Briseño Rangel, papá de uno de los empleados muertos en el accidente ocurrido en noviembre de 2020, dijo que al exalcalde Héctor López Santillana debería darle vergüenza ver cómo la alcaldesa Alejandra Gutiérrez hizo lo que él no quiso: reconocer el problema, tratarlos con dignidad, homenajear a los fallecidos y agilizar la reparación del daño.
Sin embargo, indicó que todavía falta que SAPAL y su director, Enrique de Haro, les ofrezcan una disculpa pública.
“En lo personal, y por lo que he platicado con otras familias, yo creo que la disculpa tendría que venir del SAPAL, del propio Enrique de Haro y de López Santillana porque fue una vergüenza lo que él hizo como presidente municipal. Espero que le dé un poquito de vergüenza lo que acaba de hacer la Presidencia que fue lo que él debió haber hecho desde un principio porque le hicimos saber de todas las irregularidades que estaban pasando en SAPAL, y sin embargo él siguió adelante y lo vio todo como negocio”, dijo.
En tanto, Gustavo Lozano, dirigente de la asociación Acción Colectiva, que dio acompañamiento a los deudos de los fallecidos, enlistó los acuerdos alcanzados entre ambas partes para que los familiares retiraran las demandas civiles y denuncias penales que interpusieron contra SAPAL y el Ayuntamiento.
El primero fue un arreglo económico del cual, por acuerdo de ambas partes, no se revelarán detalles; apoyo psicológico para los familiares costeado por la paramunicipal, una beca escolar para el hijo de Jesús Silva Zúñiga, así como reconocer que SAPAL cometió un error y una disculpa pública.
Además, entre las medidas de no repetición, solicitaron que los trabajadores del módulo de desbaste cuenten con la adecuada capacitación, equipo de trabajo y debe hacerse un plan de ordenamiento de la industria curtidora, vigilado por un comité ciudadano ajeno al consejo directivo del SAPAL.
Los familiares y Gustavo Lozano reconocieron la disposición de Alejandra Gutiérrez para destrabar este proceso legal, pero también advirtieron que la conformación del consejo directivo del SAPAL siguió la misma línea de siempre, priorizando a las cámara empresariales, y a pesar de que por reglamento debería haber un integrante de una organización civil especializada en el derecho al agua, quien ocupará este lugar es Juan Ignacio Martín Solís, postulado por la Asociación Mexicana de Hidráulica, que nada tiene que ver con la defensa del derecho al agua.
“No podemos dejar de reconocer el trabajo que hizo la alcaldesa y el secretario de Ayuntamiento para que estos acuerdos salieran adelante, pero no podemos dejar de consignar que el consejo directivo que fue aprobado por el Ayuntamiento supone la misma composición del que acaba de salir, es decir, hay una ausencia total de un pensamiento disidente al interior del consejo donde se toman decisiones que impactan la vida de las personas”, dijo.
