Guanajuato.- El mismo día que el PAN presentó una iniciativa para armonizar la ley local con la disposición federal sobre suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público para violentadores de derechos, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales radicó la iniciativa de la bancada feminista que propone restricciones para el acceso a cargos de esos violentadores.
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En tribuna, la panista Briseida Magdaleno, dijo que la propuesta consiste en establecer mecanismos preventivos, como requisitos de elegibilidad, para procurar que quienes posean perfil agresivo, violento o irresponsable no accedan a los puestos de decisión públicos ni a los cargos de elección popular, comisiones o empleos.
“Coincidimos quienes estuvieron opinando en las mesas de trabajo sobre este tema al proponer inhabilitar para ser candidato no solo la sentencia por la comisión intencional de delitos, sino por tener resoluciones firmes por violencia política contra las mujeres en razón de género y dictadas por tribunales electorales, lo que implica que iríamos más allá de un acto de armonización en materia de suspensión de derechos”, señaló.
Luego de la sesión del pleno, tras los reclamos de varios diputados de oposición al PAN de que se habían ignorado las iniciativas en materia electoral, propuestas por distintas bancadas en los últimos meses, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales radicó y aprobó la metodología de análisis de la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de armonización sobre suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.
La propuesta busca sancionar con la suspensión de sus derechos políticos, electorales y civiles a quienes hayan sido encontrados, por resolución judicial firme, como violentadores de otras personas; ya sea por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Para su estudio se remitirá a la Coordinación General Jurídica, al Instituto Electoral del Estado, al Tribunal Estatal Electoral, a los 46 ayuntamientos y a los partidos políticos, quienes contarán con un término de 5 días hábiles para remitir sus comentarios.
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Cabe aclarar que la iniciativa 3 de 3 de la bancada feminista local no contempla restricciones para los funcionarios de designación que sí incluye la federal aprobada hace unas semanas.
/e
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