El fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, salió en defensa de la actuación de la Fiscalía General del Estado tras las acusaciones de abuso formuladas por la empresa agrícola Agroverdi S.A. de C.V. en relación con un operativo realizado hace dos semanas en el rancho “El Ramillete”, ubicado en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Dolores Hidalgo.

En una declaración emitida este jueves, Vázquez Alatriste aclaró que la intervención no fue arbitraria, sino que se llevó a cabo en respuesta a una denuncia por explotación laboral.

“No se me ocurrió a mí, como Fiscalía, decir ‘haber a qué rancho nos metemos el día hoy’. Hubo denuncia, hubo actos de investigación previos, hubo una autorización judicial.

“No entramos porque se nos ocurrió, sino con una autorización judicial, acompañados de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas”, afirmó el fiscal, desmintiendo las acusaciones de la empresa.

El operativo en el rancho “El Ramillete” se realizó tras reportes de posibles condiciones laborales irregulares.

Según Vázquez, la mayoría de los jornaleros que laboran en dicho rancho provienen de estados como Guerrero y Michoacán, donde enfrentan condiciones de vida más precarias.

El fiscal señaló que muchos de estos trabajadores no se asumen como víctimas, lo que complica las acciones legales.

“La mayoría de las personas vienen de estados con peores condiciones. En una ponderación de derechos, ¿qué hago? ¿Les digo ‘no pasa nada, estás explotado, pero comes mejor aquí que en tu pueblo’?

“Recordemos que tenemos el objetivo de una Fiscalía humanista. Hay cosas que deben valorarse”, explicó.

Asimismo, Vázquez Alatriste destacó que, aunque la Fiscalía tenía la facultad de clausurar el rancho, optó por no hacerlo para equilibrar los derechos tanto de los trabajadores como de la empresa.

“Pude haber clausurado el lugar y no lo hicimos. Tenemos que hacer un respeto a los derechos humanos, tanto para el rancho como para los trabajadores.

"Está bien, lo cierro, pero ¿y los trabajadores? Mal pagados, mal comidos, mal todo y en condiciones insalubres, peso su ingreso es una ponderación”, subrayó.

El caso ha generado controversia en la región, ya que los jornaleros, provenientes de estados con mayores índices de pobreza, enfrentan dilemas complejos entre la precariedad de sus lugares de origen y las condiciones laborales en el rancho.

La Fiscalía aseguró que continuará investigando para garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales, manteniendo un enfoque humanista en sus acciones.