Guanajuato.- La bancada del partido Verde en el Congreso local propuso reformas para establecer agravantes en conductas de maltrato animal en Guanajuato

La diputada de este partido Luz Itzel Mendo González precisó que, en el caso del maltrato animal, la sola comisión del delito ya implica un atentado contra el bienestar animal y la convivencia social pero existen formas de ejecución que generan un mayor sufrimiento innecesario y gratuito.

"La iniciativa propone 2 acciones principales. La primera: aumentar las sanciones de prisión y multa a quienes maltraten y provoquen lecciones de un animal y la segunda, incorporar agravantes específicas. Es decir: circunstancias que permiten que el delito sea castigado de una manera más dura porque no todo maltrato es igual. Por ejemplo, no existe el mismo nivel de justicia al imponer una sanción a quien maltrata un animal o cuando ocurre este maltrato a través del uso de métodos que causan extremo sufrimiento como pirotecnia, químicos, fuego o explosivos", dijo.

Con esta propuesta se establece que, al que dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de un animal vertebrado, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa; y se indica que dichas penas se aumentarán hasta en una mitad cuando el hecho cause un grave sufrimiento al animal antes de la muerte, o como consecuencia de las lesiones provoque la mutilación orgánicamente grave; cuando el acto de crueldad sea videograbado, fotografiado o registrado por cualquier medio; y cuando el sujeto activo sea servidor público o prestador de servicios, ejerza profesión o actividad relacionada con el manejo de animales.

En otro tema de la sesión, Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que realice una auditoría integral financiera y de desempeño a Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V., correspondiente a los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023, 2024 y concomitante 2025, con el fin de determinar la correcta aplicación de los recursos públicos, identificar posibles irregularidades administrativas o financieras y, en su caso, fincar las responsabilidades que correspondan.

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