Guanajuato.- En una sesión de alta tensión y debate, el Congreso de Guanajuato aprobó con 31 votos a favor la creación del padrón de agresores sexuales, denominado Registro Público de Personas Agresoras Sexuales (RPPAS). Este padrón expondrá los nombres de sentenciados por delitos como feminicidio, trata y abuso infantil, una medida que busca blindar a la niñez, pero que nace bajo la advertencia de ser inconstitucional.
El registro, que será administrado por la Fiscalía, mantendrá los datos visibles durante la condena y hasta diez años adicionales tras la liberación del agresor. Pese a los intentos de la oposición por restringir el acceso público para evitar que la ley sea anulada por la Suprema Corte, la mayoría legislativa apostó por la transparencia total como herramienta de prevención.
El choque de posturas quedó definido por dos visiones irreconciliables. Durante la discusión, una de las posturas más conmovedoras e incisivas fue la de la diputada Carol Jared González, del PAN, quien defendió la publicidad del registro apelando a la urgencia de romper el silencio frente al daño irreversible que sufren las víctimas.
“No podemos hablar de protección mientras en los hechos se protege a los agresores... Hoy se trata de decirlo sin rodeos: digámosle sí a nuestras niñas y niños y digámosle no a cualquier forma de protección para violadores”.

Por el contrario, la diputada Ruth Noemí Tiscareño (PRI) advirtió sobre la fragilidad jurídica de un padrón que podría ser invalidado por violar derechos de privacidad y reinserción.
“Votar en contra de este dictamen no significa respaldar a agresores sexuales... Una mala ley no protege: genera falsas expectativas y termina siendo anulada, dejando un vacío institucional mayor”.
Pese a los intentos de Morena por evitar que el padrón fuera de acceso público, argumentando que la estigmatización vulnera la reinserción social, la reserva fue rechazada por la mayoría. Con esta decisión, Guanajuato lanza un mensaje contundente contra la impunidad, aunque deja la puerta abierta a una inminente batalla en los tribunales federales.
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