San Miguel de Allende.- Jorge Fernando “N”, ex director general de Transporte y Movilidad del Estado, fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por un caso de corrupción contra taxistas en San Miguel de Allende.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la sentencia gracias al trabajo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En 2019, Jorge Fernando ocupaba el cargo de director general de Transporte y Movilidad en el Gobierno del Estado.

Aprovechando su cargo, el ex funcionario estatal ofreció concesiones para un grupo de taxistas en San Miguel de Allende a cambio de 2 millones 100 mil pesos; estos permisos nunca fueron entregados.

En 2024, Jorge Fernando ya había sido sentenciado a 4 años y 6 años de prisión, pero interpuso un amparo, tratando de evadir la sentencia.

En ese mismo año, fue nombrado titular de la Dirección de Servicios Jurídicos en Guanajuato capital, bajo la administración de Alejandro Navarro y posteriormente ratificado en el cargo durante el gobierno de Samantha Smith.

La sentencia establecía que no podía ocupar cargos públicos, pero al no haberse resuelto el juicio de amparo, ocupo el cargo hasta 2025, cuando fue suspendido por presuntamente agredir a un comerciante durante un desalojo.

Finalmente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró ratificar la sentencia ante autoridades federales, por lo que la condena se encuentra vigente.

“Luego de una intensa batalla jurídica frente a los recursos de defensa del acusado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción consiguió que el Poder Judicial ratificara la pena de cárcel y la responsabilidad penal del exfuncionario. Este logro institucional quedó jurídicamente cerrado y validado de forma definitiva por las autoridades federales, quienes declararon totalmente cumplida la ejecutoria de amparo y notificaron el acuerdo correspondiente a los juzgados de origen”, informaron autoridades guanajuatenses a través de un comunicado.

Además, autoridades estatales explicaron que la única modificación que sufrió su condena fue en cuanto a la cifra que deberá pagar como reparación de daños, sin especificar la nueva suma.

El ex funcionario deberá asistir a una nueva audiencia oral el 25 de septiembre de 2026. Fue sentenciado por los delitos de cohecho, concusión y el uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio de la misma Dirección General de Transporte.