Guanajuato.- El presidente del Consejo Estatal de Morena, Rudel Oliva Hernández, denunció haber recibido amenazas y un presunto intento de extorsión relacionado con su actividad política.
De acuerdo con el señalamiento difundido este martes, Rudel Oliva recibió una llamada telefónica desde un número con lada 55, en la que varias personas lo insultaron y le exigieron dinero.
Según la versión del político, los presuntos responsables le advirtieron que, si no entregaba dinero, difundirían información para afectar su imagen personal y política en Guanajuato.
Durante la llamada, que duró pocos segundos debido a que decidió colgar, los interlocutores habrían utilizado expresiones intimidatorias, entre ellas la amenaza de que “harían un cagadero”.
Posteriormente, señaló, recibió a través de WhatsApp una imagen manipulada en la que aparece junto con otro integrante de **Morena**, acompañada de un mensaje que, de acuerdo con su equipo, tendría la intención de difamarlo.
El presidente del Consejo Estatal de Morena aseguró que no accedió a las exigencias y terminó la comunicación sin establecer ningún tipo de negociación con quienes realizaron las amenazas.
Su equipo jurídico analiza actualmente la información disponible para determinar la denuncia que será presentada ante las autoridades correspondientes por los posibles delitos de extorsión, amenazas y difamación.
El caso representa, según lo señalado por el propio Rudel Oliva, el segundo episodio de amenazas que enfrenta debido a su actividad política.
El antecedente se remonta a 2015, cuando participaba como candidato a diputado local por el Distrito VII. En aquella ocasión, fueron colocadas lonas con mensajes intimidatorios cerca de su domicilio, dirigidos contra él y su familia, situación que llevó a suspender su evento de cierre de campaña.
Desde la dirigencia estatal de Morena se condenaron los hechos y se hizo un llamado a las autoridades para investigar las denuncias de manera imparcial y conforme a la ley.
Por su parte, Rudel Oliva pidió que este tipo de conductas no queden impunes y que se garantice el ejercicio de la participación política en condiciones de seguridad y respeto al Estado de derecho.
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