Guanajuato.- Amenazas, falta de transporte y ausencia de medidas de seguridad marcaron las jornadas de búsqueda realizadas esta semana por integrantes del colectivo Unidos por los Desaparecidos de León en la zona poniente de la ciudad, quienes señalaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) por incumplir con las condiciones necesarias para garantizar su protección.
Las buscadoras señalaron que, pese a que las actividades habían sido acordadas previamente con autoridades ministeriales, los días 11 y 13 de agosto acudieron a la Fiscalía Regional sin que estuvieran garantizados los oficios, el transporte y el acompañamiento de seguridad requeridos para ingresar a las zonas de búsqueda.
La situación, advirtieron, no es menor: durante una de las jornadas, dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximaron de manera amenazante y simularon detonar armas de fuego contra las integrantes, de acuerdo con el colectivo.
"Es que es que deben de brindar seguridad y todo lo que necesitamos. Yo pregunté si tenían los oficios para el transporte, que si tenían los oficios. seguridad, todo lo que nosotros conlleva para ya tener nuestra búsqueda y pues resulta que no", dijo.
Las integrantes del colectivo responsabilizaron al Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, de su seguridad y exigieron reforzar las medidas de protección.
La exigencia es que todas las búsquedas sean consideradas de riesgo y cuenten con seguridad suficiente, sin importar el punto de la ciudad donde se realicen.
"Nos brindaron tampoco el transporte. o sea, está fallando víctimas y está fallando la comisión de búsqueda, está fallando derechos humanos están fallando todos y principalmente a la fiscalía quién es de quién es responsabilidad esta búsqueda y quién es quien tiene que enviar los oficios ninguna búsqueda debe de ir sin Sedena, ninguna ninguna búsqueda debe de ir sin soldados, sin sin Sedena y es la Guardia Nacional, o sea, todos deben de ir con seguridad, o sea, ninguna búsqueda se debe de minimizar", señaló.
Para las familias, la falta de coordinación institucional no solo representa una falla administrativa: puede convertirse en un riesgo directo para quienes salen a buscar a sus desaparecidos.
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