El diputado morenista Ernesto Millán Soberanes propuso establecer agravantes para los delitos de homicidio, homicidio en razón de parentesco o relación familiar, secuestro, trata de personas, extorsión, violación, acoso sexual y hostigamiento sexual, robo calificado, violencia familiar, responsabilidad médica y tortura.
Al respecto, Luis Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, expresó que el secuestro, la extorsión, la trata de personas y la tortura no son competencia estatal. En tanto, Jonathan Hazael Moreno Becerra, de la Fiscalía General del Estado, coincidió en que en cuatro delitos no corresponde al Congreso local legislar y agregó que varios de los ilícitos enlistados ya contemplan agravantes en cuanto al sujeto pasivo, además de que no se discierne por qué se eligieron esos tipos penales.
De manera concreta, este último cuestionó la generalización que hace la iniciativa al considerar la discapacidad como circunstancia para incrementar las penas.
“Se estima que, en los términos proyectados, la iniciativa y diversos de sus constructos normativos requieren un mayor análisis, ello en razón de que se generaliza la discapacidad como motivo de una sanción mayor sin considerar los grados que pueden presentarse y el principio de proporcionalidad que debe atenderse para este tipo de circunstancias en los aumentos punitivos en los códigos penales por parte del legislador”.
Previamente, Millán Soberanes señaló que incluir en el Código Penal estatal a las personas con discapacidad como posibles sujetos pasivos de delito es impostergable, ya que, dijo, en prácticamente ninguno de los 300 artículos del ordenamiento se hace referencia a ellas, redacción que, a su juicio, las invisibiliza y limita su posibilidad real de acceder a una justicia acorde a su situación y circunstancias.
Por su parte, la diputada panista Susana Bermúdez Cano indicó que coincidían en la falta de competencia para legislar en algunos casos, que incrementar los rangos punitivos no reducirá las barreras estructurales y que, si bien se reconoce el objetivo de la propuesta, no estaba de acuerdo con ella debido a vicios de inconstitucionalidad y a que no se justifica el aumento de las penas.
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