Guanajuato.- El Delegado en Guanajuato de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Vera Ayala, calificó como improcedente la propuesta conjunta que presentó la Gobernadora del Estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo, y el Fiscal General del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, para otorgar facultades a las fiscalías estatales para coadyuvar en las investigaciones de delitos relacionados con el crimen organizado.

El funcionario federal explicó que la principal limitante para la propuesta tiene su origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerada así con el propósito de mantener el equilibrio en las facultades de las competencias federal y estatal.

“Quien tiene que resolver propiamente la propuesta, que es muy respetable, va a ser el Congreso Federal. Yo respeto toda propuesta, pero respetuosamente es improcedente en razón de que hay una competencia federal, perfectamente delimitada en la constitución y eso no lo vamos a poder dejar de tener”.

Destacó que lo establecido en la Constitución es muy claro en su objetivo de evitar lo que llamó “abusos de poder” y dejar clara la división de los delitos del fuero común y del federal.

El titular de la FGR en la entidad recordó que conductas como la delincuencia organizada o el terrorismo internacional se rigen bajo el concepto jurídico del "Derecho Penal del Enemigo", formulado por el jurista Günther Jakobs.

Bajo este marco federal, las autoridades cuentan con herramientas jurídicas extraordinarias que no están disponibles en el fuero común, tales como la aplicación de la medida cautelar de arraigo, la duplicidad del plazo (de 48 a 96 horas) para la integración de las carpetas de investigación bajo la flagrancia, así como los plazos extendidos inéditos ante los jueces para resolver la situación jurídica de los detenidos.

Explicó que este es un derecho penal de excepción debido a la alta peligrosidad de los criminales y la especialización que se requiere para acreditar dichos delitos.

“Pero por la peligrosidad de los delincuentes, por la especialización que se tiene que tener para acreditar esos delitos e insisto, precisamente para evitar esos abusos de poder que se dieran en una sola potestad para Procurar Justicia, el Constituyente permanente de origen estableció esa división de poderes”.

Pese a externar su respeto por la postura del Gobierno de Guanajuato, Vera Ayala enfatizó que, legalmente, la propuesta no tiene viabilidad a nivel local y que cualquier intención de modificar estas atribuciones tendría que pasar, de manera obligatoria, por un complejo proceso legislativo federal.

Con esto, la delegación de la FGR en Guanajuato cierra la puerta a la intención estatal de intervenir en las investigaciones de los grandes cárteles y delitos de alto impacto que flagelan a la región, defendiendo la necesidad de mantener separadas las atribuciones de persecución penal.

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