León.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia histórica en contra de Édgar Francisco “N”, representante del despacho jurídico Punto Legal, al ser encontrado responsable de defraudar a 107 familias del municipio de León mediante la falsa venta de inmuebles a través de supuestos remates bancarios.
Tras una investigación encabezada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Región A, el Ministerio Público acreditó que el sentenciado utilizó diversos mecanismos para engañar de manera sistemática a decenas de personas, ofreciéndoles propiedades sobre las que no tenía facultades legales para vender y que, además, no se encontraban en litigio.

Como resultado de dos sentencias condenatorias dictadas los días 26 y 30 de junio de 2026, los tribunales impusieron penas de 438 años y cuatro meses, así como de 580 años de prisión, acumulando un total de mil 18 años y cuatro meses de cárcel por el delito de fraude.
Aunque la legislación penal de Guanajuato establece un máximo de 80 años de prisión para el cumplimiento efectivo de la pena, la resolución judicial representa un precedente por el número de víctimas y la obligación impuesta al responsable de reparar integralmente el daño.
El juez ordenó el pago de 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material, 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por perjuicios, para un monto superior a los 33 millones de pesos que deberá ser restituido a las víctimas.

La Fiscalía destacó que durante todo el proceso la prioridad fue colocar a las personas afectadas en el centro de la investigación, buscando no sólo una sentencia ejemplar, sino la recuperación de su patrimonio.
“No buscamos únicamente una sentencia ejemplar, trabajamos para que quienes fueron engañados puedan recuperar lo que les fue arrebatado.”
El fiscal general añadió que esta resolución fortalece la procuración de justicia en Guanajuato y representa un precedente contra quienes atentan contra el patrimonio de las familias.
“Este resultado reafirma el compromiso de la Fiscalía General del Estado con una procuración de justicia que pone en el centro a las víctimas, fortalece el Estado de derecho y busca la reparación integral del daño.”
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