Guanajuato.- El Gobierno del Estado de Guanajuato mantiene suspendida la entrega de la pensión universal para personas con discapacidad permanente, a pesar de que este derecho cuenta con rango constitucional y existe un mandato judicial que obliga a la administración local a garantizar el presupuesto para su operación.
Diputados locales de Morena, acompañados por asesores de su grupo parlamentario y ciudadanos promoventes de un juicio de amparo, informaron en conferencia de prensa que la administración estatal incumple tanto el convenio firmado en el sexenio anterior como la resolución de los tribunales. El recurso legal reclama la omisión del Congreso local y del Poder Ejecutivo para expedir las disposiciones necesarias que pongan en marcha el programa.
Actualmente, el Gobierno Federal ya otorga este apoyo a 53 mil personas de 0 a 29 años. El gobierno estatal no ha cumplido ni con el convenio firmado desde el pasado sexenio, ni con la resolución judicial que lo obliga a garantizar el presupuesto para extender el apoyo a las personas de 30 a 59 años (mujeres) y de 30 a 64 años (hombres).
Así lo denunciaron en rueda de prensa la diputada de Morena Hades Aguilar y el diputado David Martínez Mendizábal, acompañados por el ciudadano Miguel Ángel Morales y el coordinador de asesores del Grupo Parlamentario de Morena, Francisco Escamilla. Señalaron que bastarían aproximadamente 1,800 millones de pesos anuales para cubrir esta obligación, monto inferior a la mitad de lo que el gobierno estatal destina actualmente a las llamadas “Tarjetas Rosas”.
De acuerdo con los denunciantes, las autoridades estatales justifican la falta de apoyos bajo el argumento de que la iniciativa correspondiente se encuentra en proceso de elaboración.
Los representantes de la iniciativa ciudadana señalaron que la postura oficial refleja una falta de atención hacia este sector de la población, el cual requiere de mecanismos concretos en lugar de proyectos en diseño.
Miguel Ángel Morales Figueroa, promovente del juicio de amparo indirecto 938/2025‑I (presentado junto con Aurora Arenas Duarte, Javier Padilla Negrete y Juan González Romo), explicó que el recurso reclama la omisión del Congreso local y de la titular del Poder Ejecutivo, Libia Denisse García Muñoz Ledo, para expedir las disposiciones necesarias que permitan la operación de la pensión. Hasta ahora, las personas beneficiarias no han recibido el apoyo y la administración estatal se ha limitado a argumentar que “están elaborando una iniciativa al respecto”.
“Nos dicen que siguen diseñando un programa, pero eso sólo refleja desinterés. Este gobierno se dice ‘el gobierno de la gente’, pero no especifica cuál gente: las personas con discapacidad necesitamos acciones concretas, no más promesas”, señaló Morales.
El diputado David Martínez Mendizábal dijo que las personas con discapacidad han tenido que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de un derecho constitucional.
“Han pasado cinco años y siguen retrasando la solución. En lugar de atender el problema, buscan justificar la inacción con documentos y argumentos para cuestionar el modelo federal que ya funciona en otras entidades”, expuso.
Martínez Mendizábal destacó que el Gobierno Federal opera con éxito la pensión para menores de 30 años, por lo que resulta injustificable que Guanajuato no establezca un mecanismo para ampliar la cobertura.
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