Guanajuato.- El líder de la organización de taxistas Línea Dorada, José Luis Guerrero Mendoza, exigió hacer valer la ley con los taxistas ejecutivos o de plataforma, esto tras los bloqueos recientemente organizados en León, Irapuato y Guanajuato capital.

Aseguró que el gremio de transporte sin ruta fija concesionado enfrenta una severa crisis debido al incumplimiento de la aplicación de la ley, lo que refleja el deficiente trabajo desde la Dirección de Movilidad del Estado que encabeza Moisés Rangel Villegas.

Ante las afectaciones al sector regulado, el líder de taxis señaló que, tras casi dos años de haber asumido el cargo, el titular de dicha dependencia ha mostrado una nula capacidad para resolver las problemáticas vigentes.

Lanzó un exhorto a la autoridad estatal para que se haga valer la ley y se deje de presionar a los trabajadores del volante que sí cumplen con todos los documentos y exigencias establecidas en la ley.

“Quiero comentarles que nos llegó un oficio a todas las organizaciones que estamos legalmente constituidas y que contamos también con el servicio de transporte privado. Ese oficio nos señala que, si no hacemos conforme a la ley, vamos a ser sancionados, cuando nosotros, todos los que nos encontramos aquí, contamos con servicio particular privado y contamos con servicio concesionado. De tal suerte que nos parece una ofensa que a nosotros sí nos presionen, que sí nos exijan que cumplamos la ley, que sí nos exijan que, si no cumplimos, nos van a sancionar”.

El líder de transportistas denunció que mientras a unos se les permite incumplir la ley sin ser molestados, a otros se les presiona y amenaza con este tipo de documentos.

Guerrero Mendoza aseguró no estar en contra de los taxistas de plataforma privados, pero pidió estar sujetos a las mismas exigencias que los concesionados.

Reiteró que la falta de supervisión y el desorden institucional afectan la rentabilidad de quienes sí respetan las normativas, contrastando su situación con la de aquellos operadores que realizan bloqueos o cierres de calles para presionar a la autoridad.

A pesar de las inconsistencias y el malestar generalizado en los diferentes municipios, el líder transportista descartó emprender acciones o demandas legales en contra del funcionario. Sin embargo, hizo un llamado enérgico a las distintas fuerzas políticas en el Congreso del Estado para que atiendan a la brevedad esta problemática que impacta directamente el sustento de al menos 20 mil prestadores de servicio, lo que representa hasta 40 mil familias guanajuatenses.

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