Valle de Santiago / Irapuato.- En Guanajuato, la crisis de identificación forense ha alcanzado niveles de negligencia alarmantes. Un error en los protocolos de la Fiscalía General del Estado (FGE) obligó a dos familias de Valle de Santiago e Irapuato a vivir una pesadilla burocrática y emocional: la entrega de un cuerpo sin rigor científico que derivó en un entierro equivocado.
El "milagro" que reveló la falla institucional
Don Guadalupe Razo, habitante de Irapuato, buscaba a su hijo Alberto. Tras el hallazgo de restos humanos en la carretera Uriangato-Valle de Santiago, la FGE le permitió identificar el cuerpo basándose únicamente en el parecido físico, omitiendo las pruebas de confronta genética necesarias.
El error estalló en pleno funeral. Mientras Don Guadalupe grababa el nombre de su hijo en una lápida del panteón Los Olivos, recibió una llamada: Alberto estaba vivo y había sido localizado.
"No sabía nada hasta que ya estaba cerrado todo y estaban poniendo el nombre. Me hablaron para decirme: 'estamos con el morro'. Fue una impresión muy fuerte... Es algo feo porque imagínese tener a alguien enterrado y que él aparezca de la nada", relató Don Guadalupe.
Rosa María: El dolor de buscar un cuerpo "extraviado"
Mientras una familia celebraba el regreso de un hijo, Rosa María Pallares, en La Loma, descubría que su hijo, Francisco Martínez, era quien yacía en la tumba de los Razo. La Fiscalía había entregado el cuerpo de un menor de edad a un tercero basándose solo en una copia de identificación, dando el caso por "cerrado".
Tras meses de desinformación y con el apoyo de colectivos de búsqueda y Derechos Humanos, la FGE admitió el error. Este 3 de marzo de 2026, casi un año después del hallazgo original, Rosa María tuvo que presenciar la exhumación de Francisco para poder trasladarlo a su verdadero lugar de descanso en Valle de Santiago.
Un sistema sin rendición de cuentas
A pesar de la gravedad de los hechos —que incluyeron la emisión de actas de defunción erróneas y el manejo negligente de restos—, la Fiscalía de Guanajuato no ha emitido una disculpa oficial ni ha propuesto una reparación del daño para Rosa María, quien enfrenta una crisis económica derivada de los gastos funerarios y trámites legales.
"¿A quién le voy a pedir disculpas? Ellos a mí, el gobierno debe pedirme una disculpa por el error. No me han pedido disculpas, no me han dicho nada", sentenció la madre afectada.
Hoy, aunque Alberto ha vuelto a casa y Francisco descansa finalmente con los suyos, queda marcada la urgencia de reformar un sistema que, en su prisa por cerrar carpetas, sacrifica la certeza científica y la dignidad de la víctimas.
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