Guanajuato.- En un fallo calificado como inédito, un juez federal con sede en Guanajuato dictó este día un veredicto de culpabilidad contra dos agentes de la Guardia Nacional por el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato.

Los hechos y el proceso legal

El crimen ocurrió el 27 de abril de 2022 en la comunidad de El Copal, en Irapuato, cuando Ángel Yael viajaba en una camioneta Ecosport blanca junto a sus compañeros Larisa Vega Murillo y Aarón Eduardo Estrada Ramírez, cuando fueron perseguidos por elementos de la corporación federal.

Durante el incidente, los agentes dispararon contra el vehículo; una bala impactó en la cabeza de Ángel Yael, terminando con su vida, mientras que Larisa resultó herida en el hombro.

Los hoy culpables, identificados como Jesús Ángel “A. G.” e Iván “I.”, fueron consignados días después del ataque por la Fiscalía General de la República. Sin embargo, la justicia se postergó durante casi cuatro años debido a diversos amparos interpuestos por la defensa, logrando reanudarse las audiencias apenas en marzo de este año.

Un precedente para el país

El caso de Ángel Yael generó en su momento una ola de consternación y movilizaciones masivas por parte de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato, quienes exigían justicia bajo el lema de que este hecho no quedara impune.

Este veredicto se considera un precedente fundamental, ya que es un caso poco común donde elementos de la Guardia Nacional son condenados por asesinato en el ejercicio de sus funciones. Además, la resolución ocurre en un contexto donde otros agentes de la misma corporación enfrentan acusaciones por las muertes de un menor de 13 años en Juventino Rosas (2025) y un joven de 17 años en Celaya (febrero de 2026).

Sentencia pendiente

Aunque la culpabilidad ya fue determinada, se espera que en las próximas horas se defina la sentencia individualizada. La defensa de la familia y de las víctimas ha solicitado una pena superior a los 50 años de prisión, además de la reparación integral del daño.

No obstante, fuentes legales indican que, de seguirse los criterios mínimos por homicidio, la condena podría oscilar entre los 9 y 15 años de prisión, cifra que aún está sujeta a la decisión final del juez.

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