Guanajuato.- Tras el operativo y cateo que derivó en el aseguramiento de un predio con más de 59 millones de litros de combustible en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo confirmó que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la FEMDO, instancia que encabeza la indagatoria, mientras que el gobierno del estado coadyuva con información de inteligencia operativa y participa en el seguimiento ministerial.

Cuestionada sobre los posicionamientos públicos de la empresa implicada, Gas Natural del Noroeste (operadora de la terminal de almacenamiento de Grupo SIMSA ubicada en esta localidad), la cual aseguró tras el cateo contar con la documentación y permisos en regla, la mandataria fue enfática al señalar que la legalidad del hidrocarburo no se demuestra en declaraciones, sino presentando de manera inmediata.

"Una empresa como esta tendría que tener los documentos ahí para exhibirlos de manera inmediata en cuanto la autoridad lo requiera (…) la información que yo tengo en un primer momento del cambio que hace la fiscalía es que no puede acreditar pues la trazabilidad de todo el combustible que tienen en este lugar", indicó.

La titular del Ejecutivo estatal explicó que el problema del robo y comercialización ilícita de hidrocarburos va más allá de las extracciones directas en los ductos, detectando que las desviaciones volumétricas también ocurren en la cadena de distribución, un fenómeno conocido como "huachicol fiscal".

Para hacer frente a esta problemática y blindar las revisiones, la gobernadora destacó que desde hace aproximadamente 15 días se sumó al Grupo de Inteligencia Operativa local a Pemex Logística, estableciendo una mesa de trabajo permanente para revisar que las empresas comercializadoras operen bajo la legalidad.

"Las desviaciones volumétricas en el robo de combustible por el volumen no se dan solamente en los ductos, por ello es que hay que combatir esto que se llama huachicol fiscal, que las empresas que comercializan este hidrocarburo tengan los permisos", subrayó.

Asimismo, al ser cuestionada sobre las gasolineras en León que previamente fueron inmovilizadas o clausuradas por operar como "factureras" y que posteriormente cambiaron de razón social para continuar funcionando, García Muñoz Ledo reconoció que se trata de una práctica recurrente a nivel nacional. Afirmó que estos casos se mantienen bajo seguimiento jurisdiccional en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para evitar que los comercios irregulares burlen las sanciones operando bajo nuevos nombres fiscales.

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