ESTADOS UNIDOS.- Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos declaró ilícitos la mayoría de los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump a otros países, en un fallo que representa un duro revés para su política exterior. Los gravámenes, utilizados tanto para renegociar acuerdos comerciales como para ejercer presión política sobre gobiernos extranjeros, seguirán vigentes temporalmente hasta mediados de octubre, mientras se resuelven las apelaciones.
Por una mayoría de siete contra cuatro, los jueces determinaron que Trump se excedió en el uso de poderes de emergencia para imponer los aranceles. “Las leyes conceden una autoridad significativa al presidente para adoptar acciones frente a una emergencia nacional, pero ninguna incluye explícitamente la imposición de aranceles o impuestos”, señaló la corte.
Esta decisión respalda un fallo previo de la Corte de Comercio Internacional, que también había cuestionado la aplicación de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977 (IIEPA) para imponer tasas, en respuesta a una demanda presentada por empleados afectados.
El fallo no afecta los aranceles sectoriales sobre productos como automóviles, aluminio o acero, pero sí cuestiona otros gravámenes, como los impuestos a México o China en represalia por la supuesta inacción de esos países ante el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Los jueces de apelación enviaron nuevamente el caso a la corte inferior para determinar si la decisión se aplicará a todos los países o únicamente a los demandantes.
El presidente Trump reaccionó de inmediato, asegurando en redes sociales que “¡todos los aranceles siguen en pie!” y calificando la decisión como “enormemente partidista”. Advirtió que la eliminación de los gravámenes “nos haría financieramente débiles” y aseguró que su administración apelará ante la Corte Suprema, donde confía en que la mayoría conservadora apoyará mantener los aranceles como herramienta de presión y beneficio económico para el país.
Con este fallo, se abre un nuevo capítulo en la disputa legal sobre los límites del poder presidencial en materia de comercio exterior, un tema que podría sentar precedentes importantes para futuras administraciones.
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